Por Javier Santiago Castillo
En México el camino de la transición a la democracia electoral ha sido largo y escarpado. Un aspecto esencial del debate fue quien organizaba las elecciones. La Secretaría de Gobernación, desde 1946, ha sido la responsable de organizar las elecciones. El cambio de paradigma se dio al nacer el Instituto Federal Electoral, en 1990.
La reforma electoral de 2014 se planteó como uno de sus objetivos reducir el costo de las elecciones; eso no sucedió, el modelo centralizador elevó los costos de la organización de las elecciones. El financiamiento federal para los partidos políticos se disminuyó, pero se incrementó el financiamiento local, en alrededor de mil seiscientos millones de pesos, al homologarse la fórmula de cálculo federal (el número de ciudadanos inscritos en el padrón se multiplica por el 65% del valor del UMA) en las legislaciones de las entidades federativas. Dicha homologación la avaló la Suprema Corte al resolver acción de inconstitucionalidad contra la disminución del financiamiento de los partidos en los diferentes estados.
En el pasado la aprobación de los presupuestos para la organización de las elecciones locales en diversos estados representaba una dificultad a superar. En el ámbito federal no era una preocupación, los recursos corrían con fluidez. Garantizar la trasmisión del poder por la vía electoral era un ingrediente indispensable para la gobernabilidad, legitimidad y estabilidad políticas. Hoy, si bien es cierto que se vive una crisis económica agravada por la pandemia, no se observa preocupación gubernamental, federal y estatal, en satisfacer plenamente las necesidades de la organización de las elecciones.
Trece institutos electorales locales tienen un déficit presupuestal de mil 208 millones de pesos. Los que se encuentran en una situación más precaria son Sonora y Sinaloa que no han podido realizar la licitación de los materiales a utilizar el día de la jornada electoral (boletas electorales, actas, etc); a las anteriores se suman Aguascalientes, Morelos, Nayarit y la Ciudad de México. En riesgo moderado se encuentran Colima Nuevo león, Oaxaca, Tlaxcala, Chihuahua, Michoacán y Quintana Roo. En nueve de los quince estados donde se elegirán gobernadores los organismos electorales tienen carencias presupuestales, ante la alta posibilidad de que se enfrenten deficiencias organizativas por la carencia de recursos financieros, se podrían enfrentar conflictos postelectorales delicados. Aunque el mayor déficit, 400 millones de pesos, es el de la Ciudad de México
Por su parte, el INE además del recorte presupuestal ordinario, de 870 millones de pesos, no se le han autorizado los recursos necesarios para la organización de la consulta popular. Desde el 28 de octubre del año pasado se inició su viacrucis burocrático con la solicitud a la Cámara de Diputados la ampliación presupuestal, originalmente de mil 200 millones de pesos, recientemente ajustado a 890 millones 472 mil de pesos, para financiar los gastos de organización de la Consulta Popular a celebrarse el 21 de agosto de 2021. Ese mismo día se hizo del conocimiento del Ejecutivo Federal esa solicitud.
De ahí se pasó a realizar gestiones ante la Secretaría de Hacienda, quien ha respondido negativamente. La respuesta es de antología en la literatura burocrática:
“…esta Unidad no se encuentra en condiciones de atender la petición del INE, con relación a la ampliación presupuestaria…”
Asimismo, atendiendo a su autonomía presupuestaria, se sugiere de manera respetuosa que el INE, en términos de lo dispuesto en los artículos 5, fracción I, y 60 de la LFPHR y demás disposiciones aplicables, ejerza los recursos que le fueron aprobados en 2021, para que le permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a su cargo, entre otros, la organización de la consulta que se refiere en las comunicaciones citadas”
La respuesta es clara: “rásquense con sus propias uñas”. Indudablemente la cerrazón de los gobernadores y del gobierno federal para fondear idóneamente las actividades de los organismos electorales es un mecanismo de presión, para influir en sus decisiones, incrementando así las tensiones políticas connaturales a los comicios. Es un hecho inusitado la actuación de las autoridades gubernamentales federal y locales. El amago al INE no termina con la presión financiera, se agrega que desde la trinchera morenista las baterías disparan proyectiles mediáticos de candidatos frustrados, dirigentes partidistas, gobernadores y la persistente retórica descalificadora del presidente de la República, que anuncia la desaparición de los organismos autónomos y, como colofón se anuncia la investigación, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, sobre el patrimonio de los consejeros electorales.
La confrontación entre el INE y el Presidente se inició porque los altos funcionarios se ampararon contra las disposiciones legales que disminuían sus salarios; a partir de ahí se inició el discurso persistente y descalificador de la institución por su alto costo financiero. Por otra parte, la campaña mediática realizada en contra de la sobrerrepresentación de Morena en la Cámara de Diputados realizada por el consejero Ciro Murayama y las persistentes alusiones del consejero presidente del INE al autoritarismo gubernamental. Las respuestas a los ataques presidenciales tuvieron respuestas personales, no institucionales.
En este punto es necesario solicitar mesura, en particular al estimado excolega Murayama; la autoridad electoral debe hablar por sus actos, no le toca participar en el debate ideológico, es innecesario echarle más leña al fuego. Lo que se observa a la distancia son posiciones individuales, no institucionales; la ausencia pública del colegiado de consejeros en defensa de la institución es palmaria.
La incomodidad gubernamental se incrementa por el elevado costo financiero de la organización de las elecciones, sin considerar la multiplicidad de responsabilidades de que está cargado el INE, y el sentimiento de agravio, sobre todo, por las últimas decisiones: de verificar el la militancia efectiva de los candidatos de las coaliciones, para adscribirlo al partido respectivo, lo cual impacta el número de diputados de representación proporcional que se le asigne a cada partido con el fin de evitar la sobrerrepresentación de cualquier partido y la cancelación de los registros de sus candidatos a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán. Las cuales fueron inesperadamente ratificadas por el Tribunal Electoral.
Más allá de las posiciones ideológicas personales, el modelo organizativo de las elecciones está en crisis porque el grupo en el poder se siente afectado porque la institución no se sometió a la política de austeridad gubernamental y por las decisiones que afectarán el predominio político de Morena, pero es obligación del INE vigilar que los actores políticos ciñan su conducta a lo establecido en la ley.
La molestia causada por las decisiones de las autoridades electorales ha tenido desmesurada respuesta, crecida en descalificaciones y amenazas abiertas culminando en la tribuna presidencial con un lapidario señalamiento: “de traidores a la democracia”. El anuncio de una reforma electoral, realizada al calor del disgusto, pretendiendo avasallar a quien piensa diferente no es un buen augurio. No es la mejor forma de plantearse una reforma, se olvidan muy pronto los diferentes resultados de la maltrecha reforma de 2014.
El más grande de los riesgos políticos es que vía la legislación electoral se busque regresar a la hegemonía de un partido. Lo cual puede colocar al país en la antesala de un golpe de Estado o de otros escenarios violentos, en el corto o mediano plazo. Es tiempo de ser responsables.
