La agencia calificadora Moody’s Ratings ha tomado la decisión de rebajar la calificación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de ocho instituciones financieras en México, tras ajustar también la calificación del Gobierno de México. Este movimiento se produce en un contexto preocupante para la economía nacional.
La nota asignada a la CFE en moneda extranjera ha sido reducida a Baa3 desde Baa2, cambiando su perspectiva de negativa a estable. Esta rebaja refleja la estrecha relación entre la capacidad financiera de la CFE y el respaldo del gobierno, que, al ser su principal proveedor de apoyo, ha visto disminuir su calificación soberana. Moody’s rebajó la calificación soberana de México a Baa3 desde Baa2, situando al país en el último escalón dentro del grado de inversión. Esta decisión se fundamenta en un análisis del deterioro sostenido de la fortaleza fiscal del país, que se ve agravado por las presiones financieras sobre la petrolera estatal Pemex y por un entorno de crecimiento económico bajo.
La agencia advirtió sobre los desafíos que enfrenta la CFE, destacando que su evaluación se ve limitada por la elevada exposición a la volatilidad de los precios del gas natural y al riesgo cambiario. En un mercado inestable y con incertidumbres geopolíticas, estos factores no solo complican la operación de la empresa, sino que también afectan su capacidad para generar flujos de efectivo sostenibles. Aunque la CFE ha implementado coberturas sobre una parte de sus compras de combustible, no puede considerarse completamente protegida frente a la prolongación de precios globales de la energía volátiles y posibles disrupciones en el suministro.
Además, Moody’s ha tomado en cuenta el ambicioso plan de inversión de capital de la CFE, que ascenderá a aproximadamente 30,000 millones de dólares hasta 2030. Este plan conlleva riesgos significativos en su ejecución y dependerá de una combinación diversa de fuentes de financiación, lo que podría traducirse en un aumento moderado del endeudamiento de la empresa.
La calificación de ocho instituciones financieras, que incluyen entidades como BBVA México, Banorte, y Santander México, también ha sido ajustada a la baja. Moody’s explicó que estas acciones se deben a la fuerte interconexión entre la salud financiera del gobierno mexicano y la solidez crediticia de los bancos y entidades relacionadas con el sector público. En situaciones de estrés económico, esta conexión se vuelve más evidente y relevante.
El contexto macroeconómico del país, marcado por una menor flexibilidad fiscal y expectativas de crecimiento del PIB reducidas, está influyendo en los perfiles crediticios de estas instituciones financieras. El debilitamiento de la fortaleza fiscal de México, que ha acelerado desde 2024, se atribuye a rigideces en el gasto público, una base de ingresos limitada y al respaldo continuo a Pemex, lo que restringe la capacidad del gobierno para estabilizar la deuda pública.
Moody’s subraya que estas notas son reflejo de las condiciones macroeconómicas y de los riesgos sistémicos e institucionales que afectan tanto al gobierno como a las entidades financieras. Así, la rebaja en la calificación soberana tiene consecuencias directas y profundas en el ecosistema financiero mexicano, planteando interrogantes sobre el futuro económico del país en un horizonte incierto.
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