Morena busca postergar elección judicial a 2028.

La autocrítica dentro del oficialismo mexicano muestra un giro significativo hacia la introspección y la búsqueda de mejoras. En el contexto de la histórica elección de jueces, magistrados y ministros de 2025, los resultados han dejado una sensación de inquietud, tanto en el partido Morena como en el resto de la sociedad. La participación ciudadana fue notablemente baja y la calidad de los candidatos generó preocupaciones sobre su idoneidad y experiencia, poniendo en jaque la credibilidad del proceso.

A menos de dos años de la próxima consulta electoral, se contempla posponer la próxima elección judicial hasta 2028. Esta medida busca evitar que coincida con las elecciones intermedias de 2027, donde se renovarán 17 gubernaturas y múltiples diputado locales. La decisión responde a la necesidad de facilitar una deliberación más clara sobre los candidatos judiciales y de evitar la interferencia de dinámicas partidistas.

Una nueva propuesta de reforma constitucional que será presentada en breve por legisladores oficialistas en la Cámara de Diputados y el Senado tiene como objetivo reconfigurar el polémico modelo de elección judicial. Aunque el enfoque oficial se centrará en “perfeccionamientos” y “ajustes técnicos”, fuentes bien informadas reconocen que el propósito real es prevenir que se repitan los errores del primer ensayo del 2025 y asegurar la legitimidad del proceso.

El diseño de esta reforma incluye cambios cruciales. Uno de los más destacados es la extensión del plazo para la próxima elección judicial hasta el primer domingo de junio de 2028. Esto evitaría el solapamiento con las elecciones intermedias, permitiendo un análisis más profundo de las aspiraciones y minimizando la presión política sobre el poder judicial, que, teóricamente, debería operar de forma independiente.

Asimismo, se planea reformar los criterios de selección de candidatos. La introducción de exámenes de conocimientos obligatorios y la exigencia de tener al menos diez años de experiencia profesional para aspirantes a ministros, y siete años para magistrados de circuito, son ajustes que buscan evitar candidaturas impulsadas más por influencia política que por méritos. La reforma también eliminaría los tres comités de evaluación actuales, sustituyéndolos por un Comité Único de Evaluación para centralizar la responsabilidad y homogeneizar criterios.

Otra de las novedades incluye la prohibición para quienes hayan sido militantes o dirigentes de partidos políticos en el año previo a la convocatoria. Sin embargo, queda la interrogante de si un año es suficiente para desconectar verdaderamente estas candidaturas del ámbito político. Además, se prevé reducir el número de candidaturas por puesto, lo que permitiría un examen más riguroso por parte del electorado y un mayor control en el proceso de selección.

Este paquete de reformas no se limita únicamente al proceso electoral. También implicará una reorganización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dividiéndola en dos secciones: administrativa y jurisdiccional, con el fin de mejorar la resolución de casos y reducir el rezago. En este contexto, se prevé mejorar la coordinación entre los diferentes órganos del sistema judicial.

Pese a la narrativa de una continuación del proceso democrático, detrás de esta propuesta se vislumbra un trasfondo político importante. Aunque la reforma será impulsada por Morena, fuentes legislativas indican que cuenta con el visto bueno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Este contexto plantea la incógnita de por qué estos ajustes no se incluyeron previamente en el plan de reforma electoral de la mandataria, lo que podría haber repercutido en las negociaciones con aliados como el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.

El camino hacia la segunda elección de este modelo judicial no solo evalúa la efectividad de las reformas, sino también la capacidad del oficialismo para rectificar fallos en su implementación inicial. En un panorama donde se espera que la ciudadanía ejerza un papel más activo en la evaluación de los aspirantes, la percepción general es que abrir las urnas no garantizará, por sí mismo, resultados esperados. Así, el oficialismo enfrenta el desafío de introducir filtros efectivos que eviten una repetición de las complicaciones anteriores, todo mientras procura mantener el principio de elección directa.

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