Movimiento Ciudadano pide a STPS intensificar inspecciones

A partir de diciembre de 2025, las disposiciones de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, conocida como “Ley Silla”, estarán plenamente vigentes. Esta legislación busca garantizar el derecho al descanso periódico para los trabajadores, entre otros aspectos, pero ya ha comenzado a revelar carencias en su implementación en diversos centros de trabajo. Legisladores del Movimiento Ciudadano han hecho un llamado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para que intensifique las acciones de supervisión y sancione a aquellos que incumplan.

Recientemente, una proposición presentada en la Cámara de Diputados por la bancada naranja destaca la urgencia de realizar inspecciones para asegurar que se cumplan las normativas sobre la disponibilidad de sillas y los periodos de descanso. Este esfuerzo busca transformar la cultura laboral en lugares como comercios, restaurantes y supermercados, donde todavía es común que se prohíba a los trabajadores sentarse.

A partir del 15 de diciembre de 2025, los centros de trabajo deberán modificar sus Reglamentos Interiores, incorporando factores de riesgo asociados a la bipedestación, estableciendo pausas durante la jornada y garantizando la ubicación de asientos adecuados. Sin embargo, ya se han documentado numerosos casos en los que los trabajadores son presionados a permanecer de pie, bajo la justificación de mantener una buena imagen ante los clientes. Algunos cuentan que deben trabajar hasta tres horas continuas para obtener apenas ocho minutos de descanso.

Los informes de diversas entidades revelan una desalineación preocupante entre lo que estipula la ley y la realidad en el terreno. Por ejemplo, en Quintana Roo, se han identificado al menos 120 establecimientos que no cumplen con las normativas, mientras que en Durango, más de 270 procesos administrativos han surgido tras inspecciones. En estados como Sinaloa y Sonora, responsables locales y representantes de cámaras empresariales justifican el incumplimiento alegando dudas sobre la norma, limitaciones en el espacio disponible y los costos asociados a la adecuación del mobiliario, despreciando así los derechos fundamentales de los trabajadores.

La propuesta de los legisladores hace hincapié en la necesidad de robustecer los canales de supervisión y orientación legal. Es imperativo que la Secretaría del Trabajo ejecute su capacidad de inspección y, en caso de detectar violaciones, imponga las sanciones pertinentes. A su vez, es crucial llevar a cabo campañas informativas que aclaren las dudas existentes sobre la reforma, dotando a los trabajadores de las herramientas necesarias para defender sus derechos.

Este punto de acuerdo ha sido respaldado por figuras destacadas, como las diputadas Ivonne Ortega, Patricia Mercado y Laura Ballesteros, junto a los diputados Pablo Vázquez y Juan Ignacio Zavala. Así, queda claro que el camino hacia un entorno laboral más justo y humano exige acciones claras y decididas, para que la Ley Silla no sea solo un enunciado, sino una realidad palpable en la vida cotidiana de todos los trabajadores.

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