La oposición nicaragüense recorrió un largo camino de más de dos años en busca de una “anhelada unidad” para enfrentar en las elecciones generales de noviembre próximo a Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, pero al final la travesía fue tan accidentada, que los dos bloques separados se estrellaron al adentrarse en un laberinto de desavenencias, descalificaciones y desconfianzas mutuas. La seria fractura quedó finalmente expuesta la tarde de este miércoles, cuando la representante legal de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, inscribió una alianza electoral en solitario, dejando por fuera a la Coalición Nacional.
Desde hacía meses la palabra “unidad” era pronunciada con mayor vehemencia por estos dos principales bloques opositores, pero más por una ciudadanía que ponía en la “unidad total” sus esperanzas para poder salir del régimen Ortega-Murillo, acusado de cometer crímenes de lesa humanidad, y que todavía mantiene un estado policial de facto que machaca con violencia a sus críticos. Pero la incapacidad de los opositores para encontrarse no fue posible al final. De hecho, en las últimas semanas este tema copó titulares en Nicaragua, después que el régimen Ortega-Murillo aprobó una reforma electoral a su medida, nombró magistrados leales en el Consejo Supremo Electoral y marcó los plazos para los comicios con la publicación de un calendario que impuso a los opositores como fecha tope este doce de mayo para inscribir sus alianzas electorales.
La Coalición Nacional y Alianza Ciudadana iniciaron jornadas maratónicas de negociaciones para entenderse. Pero lo que salía de las encerronas eran más dimes y diretes y tres puntos claves que “trabaron la unidad”: la tutela legal de la Alianza Electoral debido a la desconfianza mutua, las listas de diputados y el mecanismo para escoger a un candidato presidencial para medirse a Ortega. No hubo acuerdos y la decisión de Alianza Ciudadana de inscribirse unilateralmente detonó una serie de críticas, en especial de organizaciones de familiares de presos políticos y de las víctimas fatales de las protestas de abril de 2018, cuando el Gobierno reprimió brutalmente con policías y paramilitares.
“Las organizaciones de víctimas directas del régimen Ortega-Murillo, nacidas a partir de la grave violación de derechos humanos, y quienes seguimos sufriendo la represión más cruel, en este crucial momento exigimos unidad de todas las fuerzas verdaderamente opositoras para poder salir de esta dictadura”, dijo a Columna Digital Lineth Méndez, madre del excarcelado por participar en las protestas, Roger Alexander Espinoza Méndez.
La desunión de la oposición fue sentida como una traición por estos grupos. El doctor Carlos Tünnermann, un notable catedrático que formó una “comisión de buena voluntad” para ayudar a encontrar a Alianza Ciudadana y a la Coalición Nacional, dijo sentirse frustrado. Para Tünnermann, una oposición unida era más efectiva para arrancarle a Ortega condiciones para participar en unas elecciones con mínimos de transparencia y competencia.
Resurgimiento y debacle opositor
Tras la crisis sociopolítica iniciada en abril de 2018, los partidos políticos tradicionales no gozaban de credibilidad entre la población. De hecho, en las protestas eran repelidos por la ciudadanía. Aquella convulsión espontánea generó el primer grupo opositor en 2018, la Alianza Cívica, cuando la Conferencia Episcopal convocó a un diálogo nacional para intentar detener la violencia en las calles. La Alianza Cívica estaba conformada por estudiantes, campesinos, empresarios, sindicales, feministas, y otros grupos de sociedad civil. Fue el núcleo opositor madre nacido a partir de las protestas.
Luego, la Alianza Cívica dio a luz a otras expresiones como la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), que aglutinó a más sectores opositores al régimen. Pero pronto aquella diversidad de perfiles e intereses comenzaron a desentenderse. En enero de 2020 la Alianza Cívica anunció una extraña separación de roles de la UNAB. Era la primera gran crisis opositora. Para intentar volver al camino, en consenso formaron la Coalición Nacional. Prometía unificarse en un solo bloque. Pero de nuevo, como Saturno devorando a sus hijos, la Alianza Cívica se salió de la Coalición Nacional diez meses después.
En ese momento la Alianza Cívica perdió a las principales figuras de la sociedad civil que hacían contrapeso a la pronunciada influencia empresarial que hasta el día de hoy impera en esa plataforma. Hasta antes de las protestas de 2018, el gran capital mantenía una relación de “diálogo y consenso” con el régimen Ortega-Murillo, en una especie de corporativismo autoritario. En enero de 2021, la Alianza Cívica concretó un acuerdo con el partido CxL y así nació el segundo bloque opositor, el mismo que se estrelló este 12 de mayo con la Coalición Nacional: la Alianza Ciudadana.
Desde entonces, ambos grupos estuvieron intentando reconocerse, acercarse, en un camino lleno de piedras, ante la demanda nacional de unidad. Pero al final, de cara al proceso electoral, y la preparación para unas elecciones, los condujeron a una fractura que parece no tener retroceso. La Coalición Nacional denunció que Alianza Ciudadana no quiso “ceder” en sus posturas, y quiso imponer una alianza electoral desde la casilla de CxL para controlar todo lo relacionado a candidaturas y más menesteres electorales. CxL, a través de su presidenta Kitty Monterrey, le reprochó lo mismo a la Coalición Nacional.
Monterrey y su partido dijeron que inscribirse en solitario ante el Poder Electoral no “era el final de la unidad, sino el inicio”, pero hasta ahora la contraparte ha criticado duramente. El hartazgo de la población de estas idas y venidas opositoras es evidente. “Piensen en la unidad, en eso, porque si no el pueblo se encargará de juzgarlos. Somos personas con esperanza las que estamos necesitando unidad. Yo que soy madre de preso político pido que dejen de pelearse y se unan”, dijo Ethel Gómez. Su petición quedó también atropellada en el laberinto opositor.
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