La presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado claras las intenciones de su administración respecto a los proyectos de infraestructura en México: no habrá rescates carreteros como en el pasado. En un contexto donde varias inversiones privadas en la construcción de carreteras históricamente han terminado con el Estado asumiendo deudas significativas, el gobierno federal ha decidido que el capital privado asumirá el riesgo de sus propios proyectos.
Sheinbaum enfatizó que, si una empresa enfrenta dificultades financieras, no se recurrirá al uso de recursos públicos para su rescate. Este enfoque surge de experiencias pasadas, donde rescates carreteros provocaron un alto costo para el erario público. Durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari (1989-1994), 52 concesiones fueron otorgadas para la construcción de cerca de 5,000 km de autopistas, pero el esquema fracasó y llevó a rescates costosos en administraciones posteriores.
Los dos elementos clave de la nueva política son que el Estado mantendrá la propiedad o el control mayoritario de las concesiones y que los riesgos financieros serán asumidos por las empresas privadas. Este modelo actual se aleja de los anteriores, donde el gobierno español asumió responsabilidades no planeadas.
El anuncio de Sheinbaum incluye casi 20 nuevos proyectos carreteros que se desarrollarán bajo esquemas de inversión mixta, con un presupuesto estimado de 213 mil 868 millones de pesos. Se prevé que estos trabajos generen más de 177,000 empleos directos y 144,000 indirectos, cubriendo más de 1,800 kilómetros de vías. A pesar de las expectativas positivas, el desafío será asegurar que las empresas involucradas cumplan con los requisitos y evitar que surjan crisis económicas que afecten la viabilidad de los proyectos.
El paquete económico de 2027 ha sido considerado más creíble, aunque algunos analistas advierten que los ajustes necesarios para estabilizar la deuda pública aún son insuficientes. Este contexto resalta la importancia de una gestión prudente de los recursos públicos y un marco que asegure la colaboración con el sector privado, sin compromisos que puedan llevar a rescates futuros.
Bajo esta premisa, los nuevos esquemas de inversión no solo se limitarán a carreteras, sino que se extenderán a otras obras de infraestructura, marcando el comienzo de un ciclo de aprendizaje para el gobierno y la iniciativa privada. La eficiencia en la planificación y ejecución de estos proyectos, junto con una férrea vigilancia contra la corrupción, será crucial para el éxito de esta estrategia. La esperanza es que este enfoque logre evitar errores del pasado, llevando al país hacia un desarrollo sostenible en el sector de infraestructura.
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