La presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado de manera contundente que su administración se alejará de los rescates carreteros del pasado, un enfoque que históricamente ha llevado al gobierno mexicano a asumir deudas millonarias. Esta nueva dirección implica que el gobierno federal no utilizará fondos públicos para salvar a los inversionistas privados involucrados en la construcción de carreteras y otros proyectos de infraestructura. Sheinbaum enfatiza que “el riesgo correspondiente al capital privado será asumido por las propias empresas”, subrayando que en caso de incumplimiento financiero por parte de una compañía, el Estado no intervendrá.
En sus declaraciones, Sheinbaum recordó episodios históricos en los que el gobierno absorbió deudas generadas por el sector privado. Específicamente, mencionó rescates carreteros durante las administraciones de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, donde el Estado asumió la carga financiera de concesiones fallidas. Este nuevo modelo busca garantizar que tales situaciones no se repitan, manteniendo el control estatal de las concesiones y asegurando que las empresas privadas asuman el riesgo.
Bajo esta premisa, la administración ha planeado casi 20 nuevos proyectos de infraestructura que se ejecutarán mediante esquemas de inversión mixta, así como contratos de Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (CMRO). De estos, 14 ya cuentan con la aprobación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), mientras que 5 más están siendo evaluados. Con una inversión total estimada en aproximadamente 213 mil 868 millones de pesos, estos proyectos se espera que generen más de 177 mil empleos directos y 144 mil indirectos, expandiendo así más de 1,800 kilómetros de vías nuevas o modernizadas en varios estados del país.
El discurso de la presidenta refleja un compromiso sólido con la transparencia en la gestión de recursos públicos y un enfoque colaborativo con el sector privado. Sin embargo, los periodistas han cuestionado cómo esta nueva estrategia se diferencia de esquemas anteriores que provocaron daños económicos significativos. La respuesta de Sheinbaum ha sido clara: su gobierno no comprometerá los recursos del presupuesto público ni repetirá los modelos de endeudamiento del pasado.
Es pertinente recordar el alto costo que los rescates carreteros ocasionaron al erario durante décadas pasadas, donde se estima que el rescate de las autopistas en la década de 1990 ascendió a entre 157 mil y 165 mil millones de pesos. Esto fue resultado de errores de planificación, proyecciones de tráfico optimistas, y tarifas de peaje que desincentivaron el uso de las carreteras.
El actual enfoque gubernamental intenta aprender de estos fallos, evitando el compromiso de rescate financiero y diseñando un modelo que sea atractivo para la inversión privada. Se espera que la implementación de este modelo de inversión mixta no solo para carreteras, sino para todas las obras de infraestructura, establezca un nuevo ciclo de aprendizaje para el gobierno mexicano.
La eficacia del diseño de estos contratos, junto con la voluntad política para prevenir la corrupción y la infraestructura necesaria en un contexto económico cambiante, serán cruciales para el éxito de esta visión. La atención está puesta no solo en la capacidad administrativa sino también en las dinámicas económicas que pudieran surgir a medida que se implementen estos proyectos estratégicos.
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