La ciudad de Herat, ubicada al oeste de Afganistán, fue escenario el pasado martes de una violenta represión contra manifestantes. La policía talibán abrió fuego contra la multitud, lo que resultó en la muerte de al menos una persona, un niño, y dejó a varios heridos, de acuerdo con informes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esta manifestación, que reunió entre 70 y 150 personas, tuvo lugar tras el arresto de alrededor de 30 mujeres acusadas de infringir el estricto código de vestimenta del régimen talibán.
El Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio llevó a cabo estos arrestos el fin de semana, aplicando la interpretación más rigurosa de la ley islámica vigente desde que los talibanes asumieron nuevamente el control del país en 2021. Desde entonces, las restricciones sobre las mujeres se han endurecido, convirtiendo las manifestaciones públicas en eventos raros y peligrosos. A medida que la disidencia se vuelve un riesgo para la seguridad personal y familiar, las protestas se han convertido en un acto de valentía.
En un contexto donde la movilización de mujeres ha disminuido drásticamente, la reciente protesta, que convocó tanto a mujeres como a hombres, marcó un hecho notable en el paisaje político afgano. Sin embargo, la policía justificó su acción como necesaria para mantener el orden, acusando a “alborotadores” de intentar perturbar la paz bajo el pretexto de protestar contra las normas del hiyab. Las autoridades no dudaron en advertir que cualquier comportamiento que interrumpa el orden público será considerado inaceptable, reiterando que las libertades individuales deben observar los principios de la sharía y la moral social del país.
Posteriormente a la represión, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo un operativo en la zona para desincentivar nuevas concentraciones, incluso bloqueando el acceso a hospitales para limitar la información, así como la asistencia a los heridos. La situación es complicada por la censura impuesta por el régimen talibán, que dificulta conocer la magnitud real de las protestas, las cuales, en su mayoría, ocurren en Kabul y Herat y están relacionadas con demandas por derechos básicos como la educación, el empleo y la libertad de movimiento.
Desde agosto de 2021, más de 130 manifestantes han sido arrestados, muchos de los cuales han sufrido torturas durante su detención. La represión no se detiene en los manifestantes, sino que también se extiende a familiares varones de las mujeres detenidas, quienes pueden ser considerados responsables y enfrentarse a persecuciones y agresiones físicas. Además, al menos 27 periodistas han sufrido agresiones o detenciones arbitrarias por cubrir estas protestas, lo que ha reforzado un ambiente de censura informativa.
A raíz de la presión y persecución, muchas manifestaciones y campañas lideradas por mujeres han migrado a plataformas digitales, donde deben mantenerse en el anonimato debido al incremento del ciberacoso. Recientes informes indican un aumento alarmante del 217% en los mensajes hostiles hacia activistas en redes sociales, así como de más del 60% en ataques directos de acoso sexualizado.
Aunque las mujeres arrestadas en Herat fueron liberadas el 8 de junio, el impacto persistente de la represión se siente tanto en ellas como en sus familias. Las autoridades talibanas, por su parte, han negado cualquier abuso y defienden la aplicación de las normas del hiyab como una obligación religiosa que deben hacer cumplir.
El relator especial de la ONU para los Derechos Humanos en Afganistán ha expresado su preocupación por el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos, instando a que los responsables de esta violencia sean llevados ante la justicia. A las restricciones sobre la vestimenta, el régimen talibán ha añadido otros límites, como la prohibición de la educación secundaria para niñas y el acceso a universidades, así como limitaciones al trabajo humanitario de las mujeres.
La legislación vigente impone que la voz femenina solo es válida en ocasiones de necesidad y obliga a las mujeres a desplazarse siempre acompañadas por un guardián masculino, además de prohibirles participar en actividades recreativas o adoptar estilos occidentales. La represión observada en Herat pone de relieve la afirmación de una política de discriminación que convierte cualquier acto de disenso en un riesgo inminente de violencia, detención y marginación social.
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