La presidencia del Consejo de la UE y el Parlamento Europeo alcanzaron este martes un principio de acuerdo sobre la directiva que obligará a las multinacionales que operan en el mercado comunitario a publicar los datos de su actividad en cada Estado miembro de la Unión y en los países o jurisdicciones considerados por Bruselas como paraísos fiscales. La norma, que se aplicará a las compañías con más de 750 millones de euros anuales de facturación, obliga a detallar país por país el volumen de ventas y beneficios, el número de empleados, los impuestos abonados y las ganancias acumuladas. Este ejercicio de transparencia, negociado de manera tortuosa desde 2016, facilitará que las autoridades nacionales tomen medidas para erradicar o, al menos reducir, las prácticas más abusivas de ingeniería fiscal de algunas grandes empresas. La presidencia del Consejo calcula que la alquimia fiscal de las multinacionales supone cada año una merma de unos 50.000 millones de euros para unas arcas públicas nacionales que en estos momentos afrontan la tremenda factura de la crisis provocada por la covid-19.
El acuerdo, que cobrará fuerza de ley en las próximas semanas con la aprobación definitiva del Consejo y el Parlamento, evidencia un giro en la política fiscal de la UE, siempre lastrada por el veto de países que, como Irlanda o Luxemburgo, se lucran con una competencia fiscal poco leal. La Unión parece ahora dispuesta a secundar reformas que parecían impensables hace solo unos años y que, de llevarse a cabo, mejorarán la transparencia, la equidad y la justicia fiscal en todo el club.
El nuevo impulso llega espoleado por los agujeros fiscales de la crisis y por el giro de EE UU bajo la presidencia de Joe Biden. El actual presidente estadounidense se propone revertir las rebajas fiscales de Donald Trump a las grandes fortunas y las grandes compañías. Biden apuesta por elevar el impuesto de sociedades a un nivel entre el 25% y el 28%, y para minimizar el riesgo de fuga de inversiones ha lanzado una iniciativa para que la mayoría de la comunidad internacional se comprometa a un tipo mínimo de impuestos de sociedades. Washington sugirió inicialmente un tipo mínimo del 21%, pero parece dispuesto a aceptar un 15% en aras del consenso.
La UE debe sumarse a esta iniciativa y ser fuerza motriz para establecer un sistema impositivo que compatibilice los incentivos a la inversión con la garantía de que cada empresa rinde cuentas ante el fisco en una proporción adecuada a sus beneficios. Los principales socios europeos (Alemania, Francia e Italia) tienen ya una oportunidad este viernes, durante la reunión en Londres de los ministros de Finanzas del G-7, para impulsar unas reformas fiscales que la pandemia ha hecho más urgentes que nunca. El riesgo de una brecha social se ha ampliado con una crisis que ha golpeado de manera muy contundente a algunos países y sectores. La imperiosa necesidad de recursos públicos para paliar los daños requiere un acuerdo global, aunque sea de mínimos, sobre la imposición a las grandes empresas. El statu quo agravaría la erosión fiscal que la OCDE intenta frenar desde hace años y alentaría una carrera impositiva a la baja por atraer inversión que pondría en peligro la sostenibilidad de los sistemas de protección social e, incluso, la viabilidad de la propia democracia, basada en una cohesión social que requiere de manera ineludible mayor justicia fiscal.
