A pesar de que en Chile fue un invierno lluvioso comparado con los años anteriores, por el río Petorca no corre ni un hilo de agua. Héctor Robles, de 66 años, enseña con decepción una malla de aguacates que crecieron en el patio de su casa. Ahora le salen pequeñas, lamenta, mientras un camión aljibes recorre las calles de su barrio. Los bomberos tienen el carro cisterna acumulando hongos y sarro desde hace un mes. No pueden cambiar el agua porque las fuentes están vacías. La comuna rural de Petorca (en la región de Valparaíso, a 220 km al noroeste de Santiago), zona de catástrofe por escasez hídrica, es uno de los rostros emblemáticos de la mega sequía que arrastra Chile desde hace 13 años.
La propuesta constitucional rechazada rotundamente por los chilenos ponía fin a la privatización del agua y la consagraba como un derecho humano. La consideraba un bien común “inapropiable” del que debía hacerse un “uso razonable”. Por eso, los activistas medioambientales daban por descontado el apoyo de Petorca. Sin embargo, el 56% rde su población echazó el texto, lo que desencadenó un alud de críticas desde sectores que defendieron el Apruebo. El gobernador, Rodrigo Mundaca describió la votación como “bastante irracional” y el alcalde, Ignacio Villalobos, afirmó que quizá la gente sufragó “con miedo, ignorancia o desconocimiento”.
En las redes sociales se mofaron de los votantes. “Los de Petorca prefieren bañarse con un litro de agua”, “Gente de Petorca: toda persona tiene derecho humano al agua ¿Tanto les costaba leer?”, “Señora de Petorca que no tiene agua para lavarse las manos, desde Concepción yo salí a las calles a buscar dignidad para usted, hoy le pido mis disculpas porque no sabía que era feliz sin lavárselas”, fueron algunos de los tuits con hasta 17.000 ‘me gusta’. El caso se ha convertido en tema obligado cuando se busca una explicación a por qué la propuesta fue rechazada por los sectores que supuestamente se verían más beneficiados con su aprobación.
Dos factores han influido directamente en la crisis hídrica que padece Petorca. El primero es la mega sequía. De los cerca de 10.000 habitantes del municipio, un 20% se abastece por camiones aljibe. El segundo, el uso y manejo del agua amparado en la Constitución actual, que establece la propiedad privada sobre los derechos de aprovechamiento de aguas. Petorca es el segundo municipio productor de aguacate en la región de Valparaíso, que concentra más de la mitad de la producción nacional. Para producir un kilo de este fruto se requieren unos 600 litros de agua, según datos de la Organización Mundial del Aguacate (WAO).
Léo Heller, relator especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, alertó en enero sobre el caso de Petorca que el Gobierno de Chile “no debe priorizar las plantaciones de aguacate” sobre “los derechos a la salud y al agua de su gente, y las empresas deben abordar el impacto adverso de sus operaciones sobre estos derechos”.
En un recorrido realizado este jueves por el municipio, las decenas de entrevistados para este reportaje explicaron las razones que determinaron su voto. La respuesta de Paulina Carreño, de 36 años, se repetía entre quienes votaron Rechazo: “El problema que tenemos acá es la sequía. El Apruebo no iba a hacer llover. El tema del agua es para regadío, no para el consumo humano”. Su madre, Andrea Fernández, de 56, estaba de acuerdo con los cambios en relación a los derechos de agua, como varios, pero le parecieron insuficientes como para aprobar “un texto malo”.
Entre los artículos que llevaron a Fernández a rechazar la propuesta, menciona las pensiones, otro argumento que se repetía entre los consultados. “Para mí no es justo que yo esté trabajando toda una vida para tener una jubilación digna y digan que el dinero queda para el Gobierno y no para mis hijos”, explica en un puesto de la feria donde vende principalmente utensilios de cocina. La propuesta establecía un Sistema de Seguridad Social y no especificaba si los fondos serían heredables o no.
La agricultura es la principal actividad económica de la comuna después del comercio. Una de las preocupaciones de los vecinos sobre la propuesta constitucional era que afectara el empleo. “Los del Apruebo decían que los dueños de las agrícolas son unos ladrones y eso se ve por un lado, pero no son los culpables de que a nivel nacional haya sequía. ¿Cuántos puestos de trabajo nos da el agro? Si les quitamos el agua y los sacamos de aquí se perderían un montón de empleos. Detrás de cada trabajador hay una familia. Eso no nos conviene como pueblo”, dice Maria Tapia, 66 años, empleada de Esval, la empresa sanitaria de Valparaíso.
El ingeniero Ariel Silva, de 38 años, también cuestionaba los artículos del texto que podían impactar no solo al agro, sino a la minería, la cuarta actividad económica del municipio. “Se están explotando varios yacimientos mineros en la zona. Los esfuerzos deberían centrarse en fiscalizar mejor. Que la Dirección General de Aguas (DGA) cumpla su función”, afirma en la plaza del municipio.
Marileu Avendaño, presidenta de la Confederación Nacional de Productores de Chile (Conaproch), pensó que ganaría su opción en Petorca “por todo lo que significa para esta comunidad que el agua se consagrara como un bien común inapropiable”. Avendaño achaca el triunfo del rechazo al “miedo a perder las casas y a que les quitaran los fondos de pensiones”, dos argumentos que varios vecinos mencionaron. En una zona rural fuertemente arraigada a las tradiciones chilenas, donde se practica el rodeo, por ejemplo, tampoco estaban a favor de incluir a los animales como seres sintientes y se ofendieron con el desprecio a la bandera chilena en el evento del Apruebo en Valparaíso.
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Datos basados en información reportada originalmente por elpais.com.
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