Plataformas unen fuerzas contra lavado de dinero

En un escenario global donde la vigilancia sobre la integridad financiera se intensifica, los agregadores de pagos en México han decidido fortalecer su posición mediante la implementación de una estrategia de autorregulación. Más de 30 firmas, que procesan más del 90% de las transacciones en el país, han unido esfuerzos para alinear sus prácticas con los estándares internacionales de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT).

Este compromiso ha cobrado forma en la Guía de Mejores Prácticas de PLD/FT, adoptada por la Asociación de Agregadores de Medios de Pago (Asamep). Este documento tiene como objetivo establecer un marco de referencia común que eleve los estándares del sector hacia una cultura de cumplimiento. Se busca fomentar la transparencia, la corresponsabilidad y la integridad como pilares cruciales para un ecosistema de pagos seguro y sostenible.

El trasfondo de esta iniciativa cobra relevancia en el contexto internacional. En diciembre de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos clasificó a seis cárteles de narcotráfico mexicanos como organizaciones terroristas transnacionales. Esto desencadenó medidas sin precedentes de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), que afectaron tanto a instituciones financieras como a establecimientos de sectores no financieros en México. Estas acciones evidencian la rigurosa disposición de las autoridades globales para imponer restricciones severas ante la identificación de riesgos significativos relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Este nuevo entorno ha incrementado notablemente los riesgos operativos, regulatorios y reputacionales para los agregadores de pagos. Su rol como facilitadores de millones de transacciones diarias les otorga una posición estratégica, pero al mismo tiempo, les exige elevar sus controles y capacidades para prevenir amenazas cada vez más sofisticadas.

La guía promovida por Asamep resalta que la prevención no solo es una obligación moral y operativa, sino una condición esencial para garantizar la expansión del ecosistema digital en México. Esto incluye la protección de relaciones confiables con adquirentes y marcas, así como la defensa de comercios y usuarios.

Es crucial destacar que, a pesar de que los agregadores no están sujetos a la misma normativa de PLD/FT que enfrenta la banca u otros sectores regulados, su compromiso es voluntario y preventivo. Se les anima a adoptar un enfoque integral que abarque desde la identificación de clientes y comercios (KYC), hasta el monitoreo de transacciones y la capacitación continua, basándose en tipologías desarrolladas a partir de casos reales.

El objetivo final es reducir el riesgo de uso indebido de sus plataformas, salvaguardar la integridad de la red de pagos y fortalecer la confianza en el ecosistema. Al mejorar las prácticas de PLD/FT, los agregadores buscan disminuir la probabilidad de que clientes o comercios de alto riesgo utilicen sus plataformas para actividades ilícitas, garantizando así un entorno tecnológico seguro y confiable.

Esta iniciativa marca un hito importante en un ámbito donde la adopción y la implementación de estándares de seguridad son más que una opción; son una necesidad imperante en la salvaguarda de la economía digital de México.

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