Los datos del IMSS correspondientes a mayo de 2026 revelan una realidad que el gobierno prefiere no explorar. Se reporta una caída de 29,922 trabajadores asegurados en comparación con abril, dando como resultado un saldo neto de creación de empleo formal de 346,637 plazas anuales. Aunque estos números pueden parecer triviales, su significado histórico es considerable: sin tomar en cuenta el desplome de 2020, que fue causado por la pandemia, este resultado se posiciona como el segundo peor desde 2010 en comparación de mayo a mayo. Este panorama se torna aún más incómodo al recordar que el único año que se asemeja en términos de baja creación de empleo formal es precisamente el primer año de la actual administración.
La comunicación gubernamental sobre estas cifras merece ser analizada, ya que no es ajena a una estrategia deliberada. Se pone énfasis en el número absoluto de asegurados, el más elevado en la historia, sin mencionar que la población en edad de trabajar ha crecido a un ritmo que supera al de los nuevos asegurados. Este contraste expone un problema estructural que va más allá de lo coyuntural.
La dificultad de la economía mexicana para generar empleo formal sostenible y fomentar el crecimiento económico radica en una raíz estructural clara, evidenciada por los datos sobre productividad laboral. En los Estados Unidos, la productividad por hora trabajada creció un 18% entre 2018 y 2026, mientras que en México, este indicador sufrió un retroceso del 4.5%. Esta discrepancia ha creado una brecha de 23 puntos porcentuales, lo que significa que una fuerza laboral que produce menos valor por hora no puede esperar salarios reales más altos, ni la expansión del sector formal, ni atraer inversiones tecnológicas sostenidas.
Una de las causas más profundas de este rezago es la calidad de la educación. Las políticas educativas han sido regresivas, afectando el futuro de millones de niños al someterse a intereses clientelistas. La relación entre el gobierno y el magisterio ha vuelto a un esquema donde la lealtad gremial prima sobre el desempeño efectivo en el aula. Los efectos de estas decisiones no se ven de inmediato, dado que los ciclos educativos son largos, pero se acumulan y se traducen en competencias por debajo del promedio de la OCDE en habilidades fundamentales.
Este rezago en educación resulta en una acumulación insuficiente de capital humano, lo que, a su vez, reduce la productividad potencial y limita las oportunidades de generar empleos formales bien remunerados en el futuro. Un país que no invierte en la calidad de la formación de sus trabajadores no podrá cerrar la brecha de productividad que lo separa de sus socios comerciales. La distancia con Estados Unidos, en cuanto a indicador de productividad y crecimiento económico sostenido, no se puede acortar solo con discursos sobre soberanía industrial o programas de transferencias; es un desafío que se enfrenta mejorando la educación y generando un entorno regulatorio que incentive a las empresas a adoptar tecnología y mejorar sus procesos.
Al final, el gobierno aplaude récords que no son reales. La pregunta que persiste es: ¿cuántos años más de rezago educativo, estancamiento productivo y creación insuficiente de empleo formal serán necesarios para que esta narrativa cambie?
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