La Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y la Tortilla (CNIPMT) en Puebla ha expresado preocupación sobre la efectividad de los nuevos centros de distribución de maíz que ofrecerán precios preferenciales, una iniciativa del gobierno federal. Según Elvira Blanco Sánchez, representante de la organización con 100 socios, la ubicación estratégica de estos centros será clave para su éxito; de lo contrario, los costos de transporte podrían anular el beneficio esperado.
Hasta la fecha, solo cuatro productores independientes se han registrado para beneficiar del programa, mientras que los socios de la CNIPMT aún no han considerado hacerlo. La representante subrayó que dos centros de distribución están en funcionamiento en Huehuetlán y Tecamachalco, donde el costo por tonelada de maíz es de 6,000 pesos. Sin embargo, estas ubicaciones son distantes para los industriales de Puebla, donde el costo adicional de flete podría elevarse hasta 400 pesos por tonelada, haciendo inviable la propuesta.
Blanco Sánchez destacó que el problema radica en la logística y no en una oposición al plan del gobierno. La mayoría de las tortillerías se concentran en la capital poblana, y trasladarse a lugares lejanos para adquirir maíz no resulta económicamente viable. En Puebla, la tortilla se vende entre 16 y 20 pesos por kilo, un precio notablemente inferior al que se encuentra en otras regiones del país, donde oscila entre 24 y 30 pesos.
El por qué de esta disparidad en precios se relaciona con la cantidad de negocios y la competencia en el sector. En algunas zonas, la reducida oferta da lugar a altos precios, mientras que Puebla se beneficia de un competitivo mercado. No obstante, el Acuerdo Nacional de Maíz-Tortilla de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural está diseñado para reducir el costo de este producto básico en un 5% en los próximos seis meses, un objetivo que podría ser alcanzado si se establecen centros de distribución más cercanos a la capital.
Un punto relevante es que para participar en este acuerdo, los negocios deben estar regularizados. Sin embargo, en Puebla, se estima que siete de cada diez tortillerías operan irregularmente, lo que complica la situación. Blanco Sánchez indicó que, a diferencia de otras regiones del país, donde los márgenes más altos permiten proporcionarle a los trabajadores prestaciones y seguridad social, en Puebla las condiciones son diferentes.
Ante esta situación, la representante se encuentra en comunicación con las autoridades federales para discutir el futuro de estos centros de distribución, insistiendo en la necesidad de priorizar la capital. Asimismo, Blanco Sánchez solicitó una regulación de las tortillerías en Puebla para fomentar una competencia justa, lo cual podría facilitar la incorporación al acuerdo nacional.
Esta problemática no solo afecta a los productores y vendedores, sino que también incide directamente en el costo del alimento básico para los consumidores. Con pocas semanas desde el anuncio del acuerdo, la industria de la tortilla en Puebla se encuentra a la expectativa de decisiones que podrían transformar su operativa y precios en el futuro inmediato.
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