Las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores han dado un paso significativo al aprobar un decreto que reformará la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, además de modificar el Código Penal Federal. Esta aprobación se logró con el respaldo de 33 votos de los partidos Morena, PT y PVEM, sin oposición, aunque con seis abstenciones del PAN, PRI y MC.
Un punto crítico de este decreto ha sido señalado por la representante del PRI, Carolina Viggiano, quien expresó su preocupación por el uso de la Guardia Nacional en la investigación de delitos relacionados con el lavado de dinero, al carecer de supervisión judicial y control por parte del Ministerio Público. Viggiano advirtió que esto permitiría que los militares vigilen cuentas sospechosas sin la existencia de una carpeta de investigación formal.
Por su parte, Guadalupe Murguía, del PAN, coincidió en que la reforma persigue un fin loable, pero alertó sobre posibles excesos que pueden afectar derechos fundamentales como la privacidad, el secreto bancario, y el principio de presunción de inocencia.
En un esfuerzo por fortalecer la legislación vigente, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, detalló que la reforma expande su alcance para incluir la prevención del financiamiento al terrorismo y enfatiza la necesidad de identificar al beneficiario controlador en las operaciones financieras, buscando así mayor transparencia.
Entre los cambios propuestos, se amplían las definiciones clave, reconociendo como actividades vulnerables aquellas relacionadas con el desarrollo inmobiliario, activos virtuales y fideicomisos, además de establecer obligaciones para notarios y corredores públicos en su colaboración contra el lavado de dinero. Esta reforma también contempla un enfoque basado en riesgo, ajustando las cargas regulatorias de acuerdo con el nivel de riesgo real, y prevé medidas simplificadas para sectores considerados de bajo riesgo, como organizaciones sin fines de lucro.
Además, se mejorarán los sistemas de cumplimiento mediante la capacitación del personal, auditorías en entidades de alto riesgo y el uso de sistemas automatizados para el monitoreo de operaciones sospechosas, incluyendo aquellas que no han sido concluidas. La cooperación interinstitucional se ve reforzada y se reconoce a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como víctima en delitos financieros.
Finalmente, el decreto ha sido enviado a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, donde se prevé que sea discutido y votado en sesiones extraordinarias que tendrán lugar la próxima semana. Esta reforma se presenta como un cambio crucial en la estrategia del país para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, en un contexto donde la regulación financiera se vuelve cada vez más relevante.
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