La reciente reforma a la Ley Antilavado, respaldada por el Senado de la República, se produce en un contexto complicado, marcado por un recorte considerable al presupuesto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Este ajuste se da en un año crucial, ya que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está programado para realizar una revisión del país, mientras que Estados Unidos ha comenzado a señalar a instituciones financieras mexicanas por su vinculación con actividades de blanqueo de activos.
En este año, la UIF, que dirige Pablo Gómez, ha visto reducidas sus asignaciones presupuestarias, un efecto de la política de consolidación fiscal impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Según el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), el fondo asignado a la UIF es de 163 millones de pesos, lo que representa un drástico descenso del 19.7% en comparación con el año anterior.
Silvia Matus, socia de PLD de BHR México, hizo hincapié en que este recorte no está dirigido de manera personal a la UIF, sino que forma parte de un ajuste general para múltiples dependencias. Matus afirmó que, aunque la disminución del presupuesto no debe impactar la próxima revisión del GAFI, los resultados de la misma influirán en las decisiones del gobierno respecto a futuros incrementos de presupuesto.
Paralelamente, el Senado ha aprobado cambios en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la cual extiende la lista de actividades consideradas vulnerables e introduce un concepto más robusto de beneficiario controlador, además de reforzar la colaboración entre la Secretaría de Hacienda y la Guardia Nacional. Estas modificaciones aún deben recibir el visto bueno de la Cámara de Diputados.
La reforma tiene como meta atender las observaciones del GAFI en relación con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Genaro Eliseo Gómez, integrante del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), destacó la necesidad de cumplir con las pendientes del grupo para evitar caer en la “lista gris”, donde se agrupan las jurisdicciones con deficiencias en sus sistemas de prevención.
Por otro lado, Dharanee Vázquez, consultora en PLD/FT, subrayó que, aunque la reforma es esperada desde hace tiempo, se requiere una transformación tangible y efectiva. Desde su implementación en 2013, ha faltado una señal clara de progreso en la madurez y aplicación de las normativas. La clave, según Vázquez, radica en que los sujetos obligados cuenten con las herramientas necesarias para cumplir con las normas requeridas, y que la eficacia de la ley se traduzca en acciones reales, más allá de simples ajustes legislativos.
Es un momento crítico para la regulación financiera en México, en el cual el éxito de estas reformas dependerá no solo de su aprobación, sino también de su implementación efectiva, ante un escenario internacional cada vez más atento y exigente en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento ilícito.
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