El 15 de abril de 2026, la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad, con 109 votos, una reforma al artículo 73 de la Constitución mexicana, equiparando al Congreso de la Unión con la capacidad de legislar sobre feminicidio a través de una ley general. Este avance legislativo, que obtuvo el respaldo de dos tercios de los senadores presentes, busca abordar de manera integral las diferencias en los tipos penales y sanciones relacionados con este grave delito.
La reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, responde a la necesidad de unificar y homologar criterios jurídicos en un país donde las normativas locales ofrecen respuestas dispares ante el feminicidio. Se trata de un paso necesario para establecer parámetros comunes que fortalezcan la acción de las autoridades en todo el territorio nacional, reduciendo la desigualdad en las investigaciones y mejorando la eficiencia del sistema de justicia penal.
Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, destacó durante el debate que esta iniciativa pone de manifiesto una realidad dolorosa y extendida: la violencia feminicida es un fenómeno que afecta a todos los rincones de México. Este panorama revela no solo la urgencia de contar con una ley general, sino también la necesidad de confrontar la impunidad que ha caracterizado los casos de feminicidio. La falta de investigaciones adecuadas y la tardanza de las instituciones son factores que han contribuido a la ineficacia en la justicia.
Desde la perspectiva del Partido Acción Nacional (PAN), Laura Esquivel se pronunció sobre la importancia de abordar no solo la creación de una ley, sino de trabajar en la erradicación de la impunidad y en la mejora de la respuesta institucional. Paloma Sánchez, representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), subrayó que la disparidad en la penalización del feminicidio entre entidades, como Sinaloa y la Ciudad de México, resalta la necesidad de una acción estatal uniforme.
Con esta reforma, el Estado se ve obligado a actuar con mayor rigor; la creación de un marco legal cohesivo es, en palabras de Sánchez, un paso fundamental para evitar que la impunidad se arraigue aún más en el sistema judicial. La aprobación por parte de la Cámara de Senadores abre la puerta a la revisión y eventual ratificación por parte de la Cámara de Diputados, lo que podría marcar un hito en la lucha contra la violencia de género en México.
La implementación de estos cambios, aunque necesaria, enfrentará desafíos substanciales en su aplicación práctica. Sin embargo, el establecimiento de criterios homogéneos es un paso significativo hacia la transformación de un sistema que debe evolucionar para proteger a las mujeres y garantizar su derecho a vivir sin temor a la violencia.
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