En el año 2020, la Ciudad de México dio un paso decisivo hacia la sustentabilidad al implementar la política Basura Cero, que prohibió el uso de bolsas, utensilios y empaques plásticos de un solo uso. Para enero de 2021, esta normativa ya limitaba la comercialización, distribución y entrega de productos como charolas de unicel, vasos, tapas, popotes, cucharas y cápsulas de café que no fueran compostables, de acuerdo con la reforma del artículo 25 de la Ley de Residuos Sólidos.
Además, se estableció la Norma Ambiental NACDMX-010-AMBT-2019, que define las especificaciones técnicas para que un producto plástico sea considerado compostable y, por ende, legal en la capital. Esta iniciativa buscaba fomentar la economía circular y reducir de manera significativa los residuos que no podían ser reciclados.
Sin embargo, la realidad en los mercados, fondas y cocinas económicas revela un fenómeno preocupante: los plásticos prohibidos han comenzado a reaparecer. Un recorrido por colonias como Mixcoac, Granjas México y Del Valle muestra la presencia de charolas de unicel, cucharas plásticas delgadas y bolsas que no cumplen con las normativas. Muchos de estos establecimientos han optado por volver a utilizar materiales prohibidos, no por ignorar la ley, sino debido a desafíos estructurales que complican su cumplimiento.
La pandemia de COVID-19 actuó como un catalizador significativo, incentivando el uso de plásticos desechables en nombre de la higiene y seguridad sanitaria. A pesar de que estudios posteriores pusieron en duda la eficacia de estos medidas, el hábito del “usar y tirar” resurgió con fuerza. Para numerosos pequeños negocios, las alternativas compostables son difíciles de encontrar y generalmente más costosas.
Los retos para cumplir con la ley varían significativamente entre los negocios. Con el riesgo de cerrar debido a márgenes de inversión estrechos, las fonditas y cocinas populares se enfrentan a físicos problemas a la hora de adoptar opciones sostenibles. Hasta ahora, solo siete empresas cuentan con la autorización para comercializar productos compostables en la ciudad, lo que refleja la falta de accesibilidad y diversidad en el mercado.
A pesar de que la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) y el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) han llevado a cabo más de 2,900 inspecciones y han impuesto más de 70,000 sanciones, la fiscalización sigue siendo desigual. Existen áreas donde la vigilancia es más estricta, mientras que en zonas menos céntricas, la falta de operativos e información es notable.
No se debe culpar a quienes, por necesidad, continúan usando materiales que el sistema no ha logrado reemplazar de forma accesible. Las cocinas populares y los puestos de comida callejera son elementos cruciales en la cadena alimentaria y en la vida cotidiana de la ciudad. Para que la política Basura Cero tenga un impacto real, es esencial ofrecer soluciones que se adapten a las realidades económicas de estos negocios.
La información reflejada en este reporte proviene de datos correspondientes a la fecha de publicación original (2025-06-09 09:00:00). La situación en torno a la gestión de residuos en la Ciudad de México podría haber evolucionado hasta el año 1749481300, pero el desafío por lograr un cambio significativo en la cultura de consumo sigue siendo un tema crítico y actual.
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