Próximos pasos tras PISA: reformas necesarias

A lo largo de veinticinco años, México ha estado presente en el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA), promovido por la OCDE, mostrando consistentemente resultados decepcionantes. En la última edición de este estudio, difundida el 8 de septiembre, el país volvió a quedar en una posición desfavorable, provocando una avalancha de reacciones: artículos, columnas y foros se multiplicaron, abordando la crisis educativa. Sin embargo, una vez que el polvo se asentó, la cuestión del fracaso educativo se normalizó, dejando a muchos analistas cuestionándose por qué, a pesar de todo, los resultados no mejoran.

Es imperativo cambiar el enfoque. En lugar de centrarse solamente en el "qué", es crucial preguntarse sobre el "cómo" de la gestión y las políticas educativas para abordar la crisis a mediano plazo. Si se limita el debate a un ámbito netamente académico, el país corre el riesgo de perpetuar sus desafíos educativos.

Desde los años noventa, muchos países, especialmente en vías de desarrollo, han implementado reformas educativas con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza y promover la equidad. A pesar de tener acceso a información valiosa y evidencia sobre lo que funciona y lo que no, los avances en México han sido limitados. De hecho, algunos profesionales se han cuestionado si la educación es realmente reformable.

A partir de 2000, comenzaron a surgir estudios que exploraban las condiciones que facilitan o impiden reformas educativas significativas. Estos hallazgos identificaron factores clave como la naturaleza del régimen político, la resistencia de los grupos afectados por las reformas, la falta de compromiso de los líderes políticos y la inestabilidad del financiamiento. Cada uno de estos elementos juega un papel crucial en la efectividad de las reformas educativas.

El panorama en México revela un ciclo vicioso: reformas tras reformas han resultado en mejoras en la cobertura, pero los logros de aprendizaje siguen siendo bajos. Lo fundamental es desarrollar una nueva agenda que no solo eleve el nivel de aprendizaje, sino que optimice la gestión educativa en su totalidad. Para ello, es esencial entender las dinámicas políticas que influyen en las decisiones educativas.

Una ruta clara es crear un mapa de navegación para los actuales y futuros gestores educativos, que contemple la participación ciudadana, la eficiencia burocrática y la correcta asignación de recursos. Este enfoque debe incluir cuatro preguntas básicas: ¿dónde estamos?, ¿cuáles son las políticas disponibles?, ¿qué objetivos específicos se quieren alcanzar? y ¿qué resultados se esperan en un plazo de doce a quince años?

Diversas asignaturas pendientes también requieren atención. Por ejemplo, se ha sugerido dividir la Secretaría de Educación Pública (SEP) en dos dependencias: una para la educación básica y media superior y otra para la educación superior, ciencia y tecnología. Esta reestructuración podría mejorar la gestión y superar la ineficiencia actual.

También se plantea la transferencia de la administración de la educación básica a la Ciudad de México, un paso necesario para garantizar la equidad educativa. Esto permitiría que la SEP se enfoque en su función normativa a nivel nacional. Además, se debe construir un Programa Nacional de Educación vinculante a largo plazo, evitando así el populismo que ha guiado decisiones políticas recientes.

La participación de la sociedad civil en las decisiones educativas es otra área crítica. La proposición de un Consejo Nacional Educativo que funcione como un órgano de decisión autónomo podría asegurar que se implementen políticas educativas efectivas y sostenibles. Asimismo, es esencial mejorar la forma en que se designan los titulares de la SEP, asegurando que estos pasen por un filtro de calidad que responda a las mejores prácticas.

Finalmente, la creación de un Laboratorio de Calidad de la Inversión Educativa podría asegurar que el gasto público en educación se destine de manera efectiva. Mientras el gasto público por alumno en México es significativamente inferior que en otros países de la OCDE, invertir con un enfoque eficiente es fundamental para lograr mejoras sustanciales.

Es evidente que la educación en México enfrenta un momento crítico. Los desafíos son grandes, pero abordar las reformas con una visión clara y sostenible es la única manera de evitar que el sistema educativo continúe una trayectoria en descenso. Sin un cambio significativo, la educación seguirá siendo una traba para el desarrollo del país, perpetuando la desigualdad y limitando el futuro de millones de jóvenes.

Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.