En el tercer aniversario de las protestas sociales de Chile

Recordando la movilización de la policía chilena durante las revueltas del 2019, por una trama de corrupción al interior de la Fiscalía, acabando con el liderazgo en los ránking de evaluación ciudadana de las unidades policiales en América Latina. “Nosotros esperamos revertir eso, pero no podemos tapar el sol con un dedo y estos dos hechos ocurrieron en Chile”, asegura el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. En estos tres años la opinión pública ha cambiado, en un contexto en que la inseguridad alcanza su mayor nivel en dos décadas.

Tras el estallido, los jóvenes perdieron el interés en sumarse a la institución. En los cinco años anteriores, postulaba un promedio de 16.000 personas. En los dos años más duros de la pandemia llegaron a ser menos de 3.000, pero en 2022 escalaron hasta los 5.000, según el Departamento de Comunicaciones de Carabineros. La caída también responde a que durante la pandemia se restringió el número de aceptados por el distanciamiento social que exigían los protocolos. “Disminuyó la oferta del Estado para formar Carabineros”, apunta Monsalve en el palacio de La Moneda.

En Chile, con una población de 19 millones, hay 49.116 carabineros (257 cada 100.000 habitantes), 2.000 menos que en 2020, según cifras de la Dirección General de Policía entregadas a este periódico a través de la Subsecretaría de Interior. Al depurar la dotación total -fijada por ley-, son cerca de 30.000 los que trabajan en cuarteles y tienen relación con la ciudadanía en orden público, labores preventivas, denuncias, entre otras labores, aclara Monsalve. Y de esos, unos miles están con permiso, licencia médica, de vacaciones… “Hay cerca de 25.000 diariamente operativos, que cumplen un sistema de turnos”, concluye la autoridad del gabinete de Gabriel Boric mejor evaluada, La segunda es la ministra del Interior y Seguridad, Carolina Tohá, según la encuesta Cadem de noviembre.

El estallido social sorprendió a Carabineros “sin las condiciones mínimas” para enfrentar un desafío de orden público, asegura el abogado chileno José Miguel Vivanco, histórico director de la división para América de Human Rights Watch (HRW) hasta febrero de este año. Los estudios que elaboraron en el organismo constataron que las fuerzas policiales se vieron obligadas a aumentar de 1.000 a 8.000 de la noche a la mañana en la Región Metropolitana. “Tuvieron que improvisar con carabineros que no estaban capacitados, que ni siquiera tenían el uniforme y la protección para actuar como fuerzas especiales”, añade por teléfono desde Washington.

Un ejemplo de la improvisación que registró HRW fue el entrenamiento para utilizar escopetas con perdigones: duraba solo dos semanas y la instrucción era disparar a 40 metros de distancia, pero el arma no tenía punto de mira. La policía suspendió el uso de perdigones tras dejar cerca de un millar de lesionados, entre ellos 222 personas con problemas oculares, según datos publicados en noviembre de 2019 por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). En el tercer aniversario de las protestas, el instituto informó que de los 2.987 Carabineros denunciados, solo 179 han sido formalizados y solo ha habido 14 condenas por causas de violaciones a los derechos humanos. Amnistía Internacional, por su parte, alegó que ningún alto mando responsable de la acción policial en las protestas ha sido imputado.

Monsalve sostiene que para que Chile tenga instituciones policiales que la gente respete y confíe “se tiene que llevar adelante un proceso de reforma y eso Carabineros lo entiende”. El Gobierno de Gabriel Boric, muy duro con el actuar policial antes de llegar a La Moneda -el presidente, en calidad de diputado, planteó refundar Carabineros- está elaborando una reforma a las policías. El subsecretario explica que se divide en dos “productos”: unos que requieren proyectos de ley, enfocados en educación, formación y carrera, y de los que debiera haber avances legislativos en junio del próximo año. Y otros que se centrarán en el enfoque de género, de derechos humanos y en el principio de probidad, y de los que debería haber noticias en marzo próximo.

Además, el Gobierno está impulsando un acuerdo nacional por la seguridad, la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, la modernización de protocolos, y el próximo enero arrancará un programa piloto en algunas comisarias de Santiago, donde se actualizarán los equipamientos. Los chalecos antibalas, por ejemplo, serán más delgados e irán debajo de la camisa. Los agentes contarán con mayor diversidad de herramientas, fundamentalmente químicas, y contarán con cámaras corporales. El objetivo, señala el subsecretario, es que todos los carabineros que actúan en materia de orden público cuenten con ellas.

Para Vivanco hay serios problemas que “fomentan y facilitan” los abusos policiales en Chile. Uno de ellos es el control de identidad preventivo. Esta facultad permite a carabineros detener “masivamente a personas que no cuentan con garantías fuertes que permitan evitar la arbitrariedad”, crítica. Otro problema es el sistema de control disciplinario de carabineros. El abogado plantea que debería ser totalmente independiente del mando jerárquico. “Que no exista la posibilidad que aquellos que investigan o sancionan puedan terminar subordinados a un oficial en una futura tarea”, apunta. Sobre esta materia, Monsalve cree que el departamento donde radican los procesos disciplinarios “no tiene la suficiente autonomía” y que debe garantizarse cuando discutan la carrera funcionaria en la reforma.

De aquellos meses convulsos en Chile, cuando poco más de la mitad de la población creía que Carabineros incitaba a la violencia en las manifestaciones (Criteria, 2020), se ha producido un cambio significativo en la percepción ciudadana. Diversas encuestas publicadas en noviembre dieron cuenta que la tendencia al alza en la valoración de la institución. Cadem, por ejemplo, reveló un avance de 19 puntos en la aprobación durante el 2022 respecto al año anterior, ubicándose en el nivel más alto en los últimos seis años (73%). El mismo mes, la Fundación Paz Ciudadana reveló que la percepción de miedo frente a la delincuencia llegó a su nivel más alto en 22 años, alcanzando un 28% que dice sentir “temor alto”, un alza de 7,6 puntos porcentuales respecto al año anterior, pese a que los índices de victimización se mantienen estables.

Vivanco no mira con buenos ojos la oscilación tan profunda en el apoyo a la institución. “El péndulo ha caminado en la dirección opuesta a un apoyo incondicional donde es muy probable que no haya espacio para hablar de fortalecimiento profesional sino de mano dura. Podríamos regresar a un escenario donde sean intocables y sigan actuando de manera ineficaz, con escándalos de corrupción y nadie se atreva a ponerle el cascabel al gato”, advierte.

El abogado cree que sectores que hoy forman parte del gobierno “están pagando las consecuencias de un discurso radical que ha quedado sin base producto del crecimiento de la inseguridad y han tenido que rebobinar y dar vuelta por una cuestión de opinión pública y sumarse al otro extremo, donde terminan prácticamente haciendo propaganda a una institución que necesita y requiere serias reformas”.

Sobre esta advertencia, Monsalve dice “entender el temor” porque cuando una sociedad tiene miedo aspira a que alguien los proteja y eso “efectivamente puede dar espacios a rasgos autoritarios”. Lo que plantea el subsecretario es que el gobierno está capacitado para conducir un debate sobre cuáles son las herramientas efectivas para proteger la seguridad de la población. “La sociedad puede entender perfectamente que es importante tener carabineros, pero que estén formados, a los que se les pongan requisitos para ingresar y se les entreguen conocimientos y competencias durante la formación que sean eficaces” para resolver los problemas de la ciudadanía, en un guiño a los pilares de la reforma a Carabineros, uno de los grandes temas que se tomará la agenda chilena en 2023.