Reforma Judicial: sugieren posponer elección a 2028

Académicos y especialistas en materia electoral y judicial han planteado la necesidad de posponer la elección de jueces prevista para 2027, sugiriendo que dicho aplazamiento, hasta 2028, podría permitir corregir las deficiencias del modelo actual. La coincidencia de esta elección con otras como gubernaturas y legislaturas ha sido señalada como un aspecto problemático, considerando que la falta de mecanismos técnicos adecuados para la selección de candidatos también añade a la complejidad.

Juan Carlos Campos González, gerente de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer, ha subrayado que, aunque no se debe elegir a los jueces mediante voto popular, es una realidad que está contemplada en la Constitución. A su juicio, se deben establecer garantías que aseguren la integridad y capacidad técnica de los candidatos, así como promover la equidad en la contienda electoral y la neutralidad de las autoridades electorales.

La diputada federal Mariana Benitez Tiburcio ha enfatizado que el objetivo no es reemplazar la reforma judicial de 2024, sino mejorar su funcionamiento. Se busca que el proceso de elección de jueces brinde certeza y eleve la calidad de los elegidos, lo que a su vez fortalecería la legitimidad del sistema judicial.

Arturo Sánchez Gutiérrez, exconsejero del Instituto Nacional Electoral (INE), considera que la iniciativa de reforma constitucional presentada el 22 de abril por legisladores de Morena reconoce las deficiencias del marco legal actual para la elección de jueces. En este contexto, el también exconsejero Marco Antonio Baños Martínez ha indicado que son necesarios cambios significativos, dado que la reforma previa fue apresurada y presentó reglas inadecuadas.

La propuesta de reforma, discutida en la Cámara de Diputados, busca eliminar la concurrencia de elecciones para jueces con las de autoridades gubernamentales y asegurar la calidad técnica de la función jurisdiccional. La iniciativa también pretende aprovechar la Escuela Nacional de Formación Judicial para certificar a los aspirantes, establecer criterios de evaluación objetivos y despolitizar la elección judicial.

El enfoque en un aplazamiento podría facilitar la discusión sobre los demás cambios que contempla la iniciativa. Sánchez Gutiérrez ha sugerido que el Congreso podría convocar a un periodo extraordinario para aprobar que la elección de personas juzgadoras se realice en 2028, permitiendo así tiempo suficiente para abordar las reformas necesarias.

Las elecciones concurrentes de 2025, que involucraban una carga considerable para el INE, destacaron la dificultad de implementar un voto informado y expusieron a las candidaturas judiciales a influencias partidistas. Mariana Campos, de México Evalúa, ha afirmado que aplazar las elecciones proporcionaría el tiempo necesario para mejorar la coordinación con el INE y diseñar procesos institucionales más efectivos.

La consejera del INE, Rita López Vences, ha llamado la atención sobre cómo, en 2027, además de los jueces, se elegirán numerosos funcionarios, lo que resalta la necesidad de distintas logísticas para cada tipo de elección. Este aspecto logístico, así como los costos asociados a las elecciones, ha sido subrayado por varios expertos, quienes advierten que la idea de reducir gastos mediante elecciones concurrentes es engañosa.

La senadora Susana Harp Iturribarría ha propuesto fortalecer los mecanismos de selección de jueces mediante una certificación por parte de la Escuela Nacional de Formación Judicial y un comité especializado. Esto permitiría mayor objetividad e imparcialidad en el proceso, superando las insuficiencias de promedios académicos o cartas de recomendación.

Por último, se ha señalado la necesidad de prevenir vínculos partidistas en los comités de evaluación de aspirantes, buscando una selección transparente y profesional. En última instancia, se concluye que garantizar un sistema judicial robusto y legítimo es un imperativo fundamental para la sociedad.

Este análisis corresponde a la situación hasta el 3 de mayo de 2026 y refleja la relevancia de seguir debatiendo estas reformas con seriedad y compromiso.

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