La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha generado un notable revuelo en el ámbito económico y empresarial de México. La decisión, que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloquear cuentas bancarias sin la necesidad de obtener una orden judicial previa, plantea un panorama de incertidumbre que podría afectar de manera significativa la estabilidad económica del país.
Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), se ha emitido una clara preocupación respecto a cómo esta nueva normativa impactará la percepción de riesgo de los inversionistas, tanto nacionales como internacionales. En un contexto ya complicado, donde el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) establece normas claras para la inversión y el comercio, la capacidad de una autoridad para restringir activos sin control judicial previo se ve como una amenaza a la confianza en el clima de negocios en el país.
Particularmente alarmante es el efecto que esta resolución podría tener en las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), que constituyen más del 99% del tejido empresarial de México y operan en función de la liquidez diaria. La Coparmex ha señalado que la decisión sienta un precedente delicado para el Estado de Derecho, al permitir la afectación directa al patrimonio de personas y empresas sin reglas definidas que guíen tales acciones.
El fallo, respaldado por una mayoría de seis votos contra tres, establece que el bloqueo de cuentas es justificable cuando la UIF identifique indicios suficientes de vínculos con actividades ilícitas o financiamiento al terrorismo. Sin embargo, el sector patronal argumenta que este cambio desvincula criterios que previamente se habían establecido y sacrifica el principio de presunción de inocencia que está consagrado en la Constitución.
La Coparmex advierte que esta medida podría actuar como una especie de sanción anticipada, dejando a las personas y empresas en una posición de vulnerabilidad y desventaja para defenderse ante posibles acusaciones. Para abordar los vacíos legales que la resolución ha dejado al descubierto, la organización empresarial ha formulado recomendaciones dirigidas al Poder Legislativo.
Entre las sugerencias, se destaca la necesidad de definir de manera clara los supuestos que justificarían un bloqueo. Esto incluiría criterios objetivos y verificables, así como establecer un control judicial previo que valide la legalidad de la medida en un plazo máximo de seis horas. Además, se propone un periodo no mayor a quince días para que la autoridad presente justificaciones adecuadas que sustenten el bloqueo, lo cual es crucial para garantizar la transparencia y los derechos de defensa de los afectados.
Asimismo, la Coparmex insiste en que se deben implementar mecanismos de responsabilidad para aquellos casos en los que existan afectaciones derivadas de acciones infundadas, y aboga por la publicación periódica de información que aclare cómo se utilizan dichas facultades. A medida que el país navega por este nuevo y desafiante entorno, el llamado de la comunidad empresarial a un marco regulatorio más claro y justo podría ser un paso fundamental para asegurar la confianza en el ámbito económico y proteger el tejido empresarial.
Actualización: Se menciona que estos datos corresponden a la fecha del 10 de abril de 2026.
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