El gasto que el Gobierno de Estados Unidos ha hecho para estimular su economía ha tenido ya un impacto fuerte en países de América Latina, en particular, en México y Centroamérica. Durante los últimos 18 meses, a partir del primer cheque enviado por la Administración de Donald Trump a familias estadounidenses para paliar la crisis económica por la pandemia, las remesas depositadas por familiares han tocado récords en sus países receptores. Ahora, el plan de infraestructura de 550.000 millones de dólares que aprobó el Congreso, tiene el potencial de llegar de nuevo a las carteras de muchos latinoamericanos a través de sus familiares trabajadores.
Las inversiones federales autorizadas abarcan desde puentes y carreteras hasta sistemas de banda ancha, agua y energía, y se desarrollarán en los siguientes cinco años. Empleados de la construcción de origen latinoamericano —con o sin documentos— tendrán oportunidades de empleo, aseguran analistas, especialmente ante una escasez laboral en EE UU. Y, con esto, vienen riesgos, advierten, ya que existen malas prácticas como robo del pago y muertes por negligencias, especialmente en estados como Texas, el segundo con la mayor población de origen hispano en EE UU.
“Estamos hablando de una de las industrias más grandes Texas, de billones de dólares, en la que realmente el resultado, específicamente en lo económico, no se transfiere a los trabajadores”, dice Ana González, directora políticas de construcción en la organización no-gubernamental Workers Defense Action Fund. “Al mismo tiempo, la construcción es de las industrias más peligrosas para los trabajadores”.
La construcción es la única industria en Texas a la que no se le requiere compensación laboral, una especie de seguro que el empleador paga al Estado para cubrir gastos médicos y un salario mientras se sufre una incapacidad. Uno de cada cinco trabajadores del estado sufre de robo de salario —algo que impacta especialmente a los indocumentados— y, de esos cinco trabajadores, tres son víctimas de represalias, dice González.
“Esto significa que si están tratando de recuperar su salario, su empleador lo puede amenazar con [denunciar] su estatus migratorio”, asegura la especialista. “Vemos demasiadas de estas experiencias que los trabajadores de construcción están sufriendo en el estado de Texas, además de ser el estado con más muertes de estos trabajadores y en el que sufren más golpes de calor. Esa protección tan básica de poder estar en la sombra a tomar un vaso de agua no existe”, afirma. El 70% de los trabajadores de la construcción en Texas son inmigrantes y 50% de ellos son indocumentados, según datos de la organización. “Si no tienes conocimiento de tus derechos y no sabes que, independientemente de tu estado migratorio, te tienen que pagar el salario mínimo o lo que te prometieron, es muy difícil ir a una instancia de Gobierno para defenderte”, dice González.
Sin embargo, los estándares y las previsiones laborales requeridos para recibir los fondos federales como parte del plan de infraestructura propuesto por el presidente Joe Biden son más altas que lo que se exige a nivel estatal en Texas, dice Karla Walter, directora de política de empleo en el centro de investigación independiente Center for American Progress. “Esto es realmente importante porque asegura que los salarios que los contratistas ofrecen no pueden socavar el mercado y pagar salarios de pobreza, no pueden violar la ley”, asegura.
Una investigación del centro arroja que los trabajadores de la construcción de origen latinoamericano experimentan un aumento de entre 9% y 10% en sus salarios en los estados que tienen fuertes leyes laborales vigentes, por ejemplo. Y el plan, como lo propuso la Casa Blanca, incluye también provisiones al gasto social que impactaría, si es aprobado en el Congreso, a millones de trabajadoras mujeres de origen latinoamericanas, agrega Walter.
El plan, llamado Build Back Better, incluye, además del componente en construcción de infraestructura, gran cantidad de fondos para los trabajadores de cuidado infantil y cuidado en el hogar. “Esos trabajadores son desproporcionadamente latinas, es decir, mujeres latinas que están trabajando, que tienen habilidades pero les pagan sueldos muy bajos y aquí hay una oportunidad real para empujar los estándares hacia arriba”, dice Walter.
Para evitar violaciones de derechos de los trabajadores, el Gobierno federal de Biden ha aumentado los recursos para fortalecer los organismos a cargo de garantizar el cumplimiento de las leyes laborales, dice Walter. “Sin duda será un trabajo enorme, ya que gastamos todo este dinero para asegurarnos de que estos estándares se cumplan”, apunta.
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