La presidenta Claudia Sheinbaum ha presentando su plan B de reforma electoral, el cual podría revolucionar el panorama político de México al abrir la puerta a una súper elección en 2027. En esta jornada, se anticipa que las elecciones para diputados federales, 17 gubernaturas, varios congresos locales y ayuntamientos coincidan con la elección de cargos judiciales y una posible consulta de revocación de mandato.
Confirmando que no se modificará la fecha de la elección judicial pautada para 2027, Sheinbaum anunció que su revocación de mandato podría llevarse a cabo en junio de ese mismo año o en 2028, dependiendo de la solicitud ciudadana. Este enfoque refleja un cambio en su estrategia política, ya que la propuesta se presentará directamente al Senado de la República, desviándose de la Cámara de Diputados, donde la iniciativa anterior había fracasado.
Entre las propuestas más significativas de la reforma están los esfuerzos por reducir el gasto en política a nivel local. En los municipios, se plantea disminuir el número de regidurías a un rango de entre 7 y 15, además de contar con una sindicatura por ayuntamiento. También se establece que los congresos locales no podrán gastar más del 0,7% de su presupuesto total, destinando así ahorros a obras y servicios en los estados y municipios.
Una parte fundamental de esta iniciativa es la limitación de salarios para los funcionarios del Instituto Nacional Electoral y otros organismos públicos relacionados, garantizando que sus ingresos no superen los del presidente de la República. Además, la propuesta incluye la eliminación de bonos y beneficios adicionales para estos funcionarios, así como una reducción progresiva del presupuesto, con un objetivo de disminuirlo en un 15%.
Asimismo, se busca modificar el artículo 35 de la Constitución para permitir que la Revocación de Mandato se celebre el primer domingo de junio en el tercer o cuarto año de gobierno, lo que augura la posibilidad de que el revocatorio de Sheinbaum coincida con las elecciones de 2027, siempre y cuando sea promovido por el 3% de la población registrada en el padrón electoral en noviembre próximo.
Esta reforma, presentada con la intención de fomentar la participación ciudadana y reducir privilegios en el ámbito político, está diseñada para un ambiente político cada vez más dinámico e incierto mientras se acercan las elecciones del 2027. La información sigue en desarrollo, pero los desafíos y oportunidades que plantea este proyecto son notables y dignos de seguimiento.
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