La reciente reunión entre Claudia Sheinbaum y Jamieson Greer, el representante comercial del gobierno de Trump, destaca en el ámbito de la segunda ronda de conversaciones para la revisión del T-MEC. Esta visita no es meramente protocolaria; responde a una serie de preocupaciones que Estados Unidos ha acumulado, las cuales incluyen aproximadamente 50 temas clave a ser discutidos y negociados con México. Aunque algunos puntos han sido difundidos de manera aislada, la lista completa aún permanece en la penumbra, a pesar de que el USTR ha publicado su exhaustivo reporte de 2026 sobre las barreras al comercio exterior.
Entre las inquietudes más persistentes, destacan cuestiones vinculadas con el sector energético, la industria automotriz, y las prácticas agrícolas, específicamente relacionadas con el tomate y el uso de glifosato. Del mismo modo, el comercio de acero y aluminio, así como las políticas laborales, han encontrado un lugar en la agenda de negociación.
Sin embargo, hay dos temas cruciales que merecen más atención de la que han recibido y que el equipo del canciller Ebrard no ha expresado públicamente con la urgencia que requieren. Primero, Estados Unidos ha calificado la operación de las aduanas mexicanas como un obstáculo significativo para las exportaciones estadounidenses. Según el USTR, este sistema aduanal presenta serias fallas que crean incertidumbre. Cambios normativos recientes, como las enmiendas a la Ley de Aduanas implementadas en enero de este año, se han adoptado sin la notificación adecuada, lo cual ha suscitado preocupación. Además, se ha observado un endurecimiento unilateral en la capacidad de las autoridades para incautar mercancías, así como una reducción en el número de agentes aduanales, un proceso de certificación que permanece cerrado desde 2023. Estas cuestiones han generado barreras logísticas arbitrarias que afectan la planeación eficiente del transporte, un aspecto esencial que va en contra de las disposiciones del T-MEC.
Segundo, es preciso señalar las prácticas monopólicas de la empresa estatal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en el ámbito turístico, prácticas que deberían ser impulsadas por iniciativas privadas. El T-MEC incluye cláusulas relacionadas con la competencia, pero no establece una “ley supranacional” contra monopolios. Más bien, promueve que cada país forme y aplique sus propios marcos regulatorios. Sin embargo, en México, la desaparición de la COFECE autónoma y su reemplazo por una nueva comisión dependiente de la Secretaría de Economía plantea serias dudas sobre la capacidad de regulación. Además, las disposiciones del T-MEC sobre monopolios y empresas del Estado deben ser revisadas a fondo, especialmente por el comportamiento de PEMEX, CFE y la SEDENA, que han transgredido continuamente los acuerdos establecidos.
Estos dos temas, aunque poco publicitados, requieren un análisis exhaustivo durante las negociaciones del T-MEC. La atención a estos puntos podría ser determinante para el futuro del comercio entre México y Estados Unidos y, en consecuencia, para la economía de ambas naciones. La urgencia de abordar estas cuestiones no puede ser subestimada en el actual contexto global, donde las relaciones comerciales están más interconectadas que nunca y cualquier tropiezo podría tener repercusiones inesperadas.
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