Por Juan Carlos Sánchez Magallán
Diversas instituciones públicas y privadas en el mundo dedican su tiempo a eliminar y combatir la “trata de personas”, que consiste en captar, transportar, trasladar, acoger, recepcionar o retener a una o varias personas con fines de explotación laboral, sexual u otros fines ilegales, pudiendo equipararse a una forma de esclavitud, siendo un delito transnacional al violentarse derechos fundamentales de las víctimas, como el de libertad, de dignidad, de seguridad e integridad personal, al obligarles a prostituirse bajo mecanismos de maltrato y tortura de parte de las bandas internacionales del crimen organizado y, en muchas ocasiones, bajo la complacencia y complicidad de policías corruptos; dicho de otra manera, los que son “buenos sólo para lo malo”. Estando íntimamente vinculado a los delitos de tráfico ilícito de drogas y armas.
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Este delito se suma a los de impunidad, que atentan no sólo en contra de quien los vive, sino para todas las sociedades de los países del mundo.
Conocido es cómo “enganchan” a las personas, la mayoría proviene de franjas de pobreza y pobreza extrema, o bien, de las clases medias, donde, con engaños, amenazas o uso de la fuerza, les prometen mejorar su nivel de vida en actividades domésticas, gastronómicas, artísticas o de acompañamiento y, por increíble que parezca, cinco de cada 10 tratantes de este inhumano tráfico de personas son mujeres, según los analistas del tema. Así son cooptadas, transportadas y explotadas dentro y fuera de sus lugares de origen, degradando su calidad de vida y su dignidad humana, incluso provocando la muerte a muchas de ellas.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que existen cuatro millones de personas víctimas de trata en el mundo, sin embargo, consideran que, por cada una de ellas, existen 20 más sin identificar; un 79% son mujeres en explotación sexual y 18% sometidas a la explotación laboral.
Datos de la Oficina contra la Droga y el Delito señalan que de un 55% a 60% de las víctimas son mujeres y de un 15% a 20% son niños. Por supuesto, es un negocio altamente lucrativo y rentable, pues cálculos de los especialistas afirman que produce, a nivel global, 32 billones de dólares americanos al año. La Unicef informa que más de un millón de niños al año son víctimas de este flagelo.
Según el informe de la globalización del crimen, sólo en España ejerce la prostitución un número cercano a las 350 mil mujeres, de las cuales el 80% son extranjeras en situación de migración irregular provenientes de Brasil, Colombia, Nigeria, Rumania, Rusia y Ucrania. Ciertamente, nadie debe ser sometido a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que existen 12 millones 300 mil personas víctimas de trabajo forzoso.
En el marco normativo del derecho internacional público existe el Tratado de Palermo, del cual México es parte.
Así, la definición de “trata de personas” se tipifica con lo siguiente: es la acción de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas; recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza, a la coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión de pagos o beneficios a una persona que tenga autoridad sobre la víctima, con fines de explotación, que incluye la prostitución ajena, la explotación sexual, los trabajos forzados, la esclavitud o prácticas análogas y la extracción de órganos.
El protocolo define con precisión la “trata”, su ámbito de aplicación y ofrece una base común robusta para la formulación de delitos penales, procedimientos jurídicos, medidas de apoyo y asistencia a las víctimas; lo anterior, para fortalecer las instituciones públicas de todos los países para erradicar este flagelo que tanto daña y lastima.
