El gobierno de Estados Unidos ha tomado medidas drásticas contra el crimen organizado en México al sancionar a tres ciudadanos mexicanos y a tres empresas del sector de juegos y apuestas en Tamaulipas, vinculadas presuntamente al Cártel del Noroeste. Esta acción fue realizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que designó a estas entidades debido a su conexión con una organización que ha sido catalogada como terrorista.
Entre los individuos sancionados se encuentran Eduardo Javier Islas Valdez, conocido como “Crosty”, Juan Pablo Penilla Rodríguez y Jesús Reymundo Ramos Vázquez. Las empresas afectadas incluyen el Casino Centenario, ubicado a pocos kilómetros de la frontera con Estados Unidos en Nuevo Laredo, así como el Diamante Casino y la Comercializadora y Arrendadora de México.
La designación significa que todos los ciudadanos estadounidenses están prohibidos de participar en transacciones que involucren a estas personas o empresas, lo que incluye la prohibición de cualquier actividad comercial o financiera que pueda beneficiarlas. La OFAC también enfatizó que cualquier violación de estas sanciones podría acarrear severas penalizaciones.
Por su parte, el gobierno mexicano, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ha informado que se ha llevado a cabo un análisis detallado de las operaciones de los individuos y empresas señaladas. Este análisis reveló importantes irregularidades, tales como inconsistencias entre los ingresos reportados y los montos realmente operados, así como sospechas de evasión fiscal.
Debido a estos hallazgos, la UIF ha presentado denuncias formales ante la Fiscalía General de la República por posible implicación en delitos financieros y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Adicionalmente, se ha decidido compartir esta información con la Dirección General de Juegos y Sorteos de la SHCP para que se puedan tomar medidas adicionales, incluyendo la suspensión de las actividades de los establecimientos afectados.
Este caso resalta la colaboración entre las autoridades estadounidenses y mexicanas en la lucha contra el crimen organizado, además de poner en evidencia los esfuerzos de ambos gobiernos para desarticular las redes delictivas que operan a ambos lados de la frontera.
Actuar contra el lavado de dinero y las actividades ilícitas en el sector de juegos y apuestas sigue siendo una prioridad en la agenda de seguridad nacional, reflejando un enfoque decidido hacia la erradicación de la corrupción y el crimen organizado en la región.
Actualización: Datos corresponden a la información reportada hasta el 14 de abril de 2026.
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