De enero a marzo de 2026, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha dado un paso significativo en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, al emitir 68 acuerdos de incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB). Este organismo, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), tiene como misión establecer medidas preventivas que detecten operaciones sospechosas vinculadas a recursos de procedencia ilícita.
La LPB, que actúa como un mecanismo cautelar, busca suspender de inmediato cualquier acto, operación o servicio de instituciones financieras a aquellos individuos o entidades que sean incluidos en la lista. Tal acción responde a análisis meticulosos realizados a partir de reportes financieros y avisos de actividades que despiertan sospechas. De esta forma, si se encuentran indicios de colaboración con operaciones de origen ilícito, la entrada en la LPB se convierte en una medida necesaria, aunque confidencial.
Durante el primer trimestre de 2026, la UIF también gestionó 322 demandas de amparo y llevó a cabo 33 audiencias. A modo de comparación, en el mismo periodo de 2025, solo se emitieron 21 acuerdos para la incorporación a la LPB. La anterior gestión del equipo de la UIF, que previó casi 800 personas bloqueadas y más de 8,100 cuentas congeladas por un monto superior a 4.6 millones de pesos, resalta el esfuerzo continuo de este organismo en fortalecer la seguridad financiera del país.
Uno de los eventos recientes que motivó la adición a la LPB proviene de reportes provenientes de instituciones del sistema financiero mexicano, que surgieron tras señalamientos formulados por autoridades estadounidenses en contra de funcionarios del estado de Sinaloa. Esto refleja la colaboración intergubernamental, especialmente en materias tan sensibles como el financiamiento de actividades delictivas.
En términos de volúmenes de información, la UIF recibió más de 7.4 millones de reportes durante el primer trimestre de 2026. De este total, 4.1 millones se relacionaron con operaciones relevantes, es decir, transacciones en efectivo, metales preciosos o cheques de viajero que superan los umbrales de 10,000, 7,500 o 5,000 dólares. También se reportaron 2.4 millones de transferencias internacionales de fondos y otras operaciones inusuales, lo que evidencia el constante flujo de actividades económicas susceptibles a revisión.
Adicionalmente, más de 2.4 millones de avisos de actividades vulnerables fueron recibidos en el mismo periodo, donde destacan las transacciones relacionadas con tarjetas de crédito, prepagadas y otros instrumentos financieros. Las operaciones con activos virtuales y la custodia de valores también aparecen en la lista, reflejando la diversidad y complejidad del panorama financiero actual.
Es a través de estas medidas y mecanismos que la UIF busca no solo mitigar riesgos, sino también establecer un entorno financiero más seguro y transparente, donde la persecución de actividades ilícitas se mantenga como una prioridad constante. La información presentada corresponde a los datos recopilados hasta el 18 de mayo de 2026.
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