El Paquete Económico 2027 se presenta ante la ciudadanía con una premisa sencilla, pero llamativa: no habrá nuevos impuestos ni se incrementarán las tasas generales. Sin embargo, las modificaciones profundas al Impuesto sobre la Renta (ISR) prometen ser un cambio significativo en el panorama fiscal del país. Este enfoque apunta a optimizar la recaudación de recursos de una base de contribuyentes ya conocida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con especial énfasis en establecer una tributación mínima para empresas sin la creación formal de un nuevo impuesto.
La ambición del proyecto es indiscutible; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determina una meta recaudatoria que representa 15.9% del PIB en 2027, lo que significaría un máximo histórico. Esta meta pretende alcanzarse a través de una mayor fiscalización, el combate a las factureras, el contrabando de combustibles y la implementación de herramientas digitales para mejorar el seguimiento de las operaciones fiscales.
En el contexto del gasto público, se estima que los ingresos presupuestarios alcanzarán 9.16 billones de pesos —equivalentes a 23.2% del PIB— frente a un gasto neto total previsto de 10.64 billones de pesos. Esto da como resultado un déficit del 3.9% del PIB, reflejando un margen todavía limitado para la consolidación fiscal. Un aspecto a destacar es que alrededor del 80% del gasto ya está comprometido antes de iniciar el ejercicio, las obligaciones con pensiones y transferencias que requiere el gobierno continúan consumiendo gran parte del presupuesto.
El reto es considerable, especialmente para las empresas. Bajo el nuevo esquema, aquellas con ingresos superiores a 50 millones de pesos enfrentarán límites en ciertas deducciones. Estas restricciones obligarán a reconocer una utilidad fiscal mínima de 3.33% sobre los ingresos acumulables, implicando pagos de ISR que pueden llegar a ser equivalentes a cerca del 1% de dichos ingresos, incluso si su margen real es inferior. Este enfoque permite a la SHCP seguir su objetivo de combatir la elusión y el uso de operaciones simuladas que favorecen a las empresas que no cumplen con sus obligaciones fiscales, pero genera inquietudes entre aquellos que operan con márgenes más reducidos.
Además, la incertidumbre sobre cuántas compañías serán realmente afectadas por estas nuevas reglas persiste, dado que los datos específicos provienen de declaraciones fiscales no transparentes. La comparación con legislaciones internacionales, como la de Pakistán, permite entender cómo otras naciones han implementado impuestos mínimos sobre la facturación, aunque el método elegido en México se basa en limitaciones a deducciones en lugar de un impuesto específico.
Este enfoque de mayor fiscalización se presenta en un contexto donde la base tributaria sigue siendo baja. En 2024, los ingresos tributarios apenas representaron 18.3% del PIB, el nivel más bajo entre los países miembros de la OCDE, reflejando un desafío notorio en la inclusión de trabajadores en la economía formal.
Por último, el Paquete Económico también propone la ampliación de un régimen simplificado para pequeños contribuyentes, elevando los límites de ingresos que les permitirían beneficiarse de este. Este aparente contraste entre endurecer las reglas para grandes empresas y facilitar la carga fiscal a pequeños contribuyentes plantea preguntas sobre la equidad y proporción de las medidas adoptadas.
El desafío de consolidar las finanzas públicas es inminente y debe abordar tanto la mejora en la recaudación como la calidad del gasto. La discusión legislativa que se avecina brinda una oportunidad crucial para ajustar el mecanismo propuesto, asegurando que no solo se combatan las prácticas fiscales abusivas, sino que también se tomen en cuenta las realidades económicas diversas de las empresas en el país. La necesidad de fortalecer la recaudación es evidente; equilibrar este objetivo con la estabilidad y el incentivo para invertir es una tarea que requiere atención y precisión.
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