El ginecólogo Alan Braid ha desafiado al Estado de Texas al relatar en un artículo de opinión, publicado el pasado fin de semana en el diario The Washington Post, que en la mañana del 6 de septiembre realizó un aborto a una mujer en Texas que se encontraba fuera del plazo establecido por la nueva ley para poder interrumpir su embarazo (más de seis semanas de gestación). “Entiendo perfectamente que podría haber consecuencias legales [a mis acciones] pero quería asegurarme de que Texas no se saliera con la suya en su intento de evitar que se revise esta ley descaradamente inconstitucional”.
Con su texto, el doctor Braid, con más de 45 años dedicados a la ginecológica en Texas, no solo hace un alegato a favor del derecho constitucional de las mujeres al aborto, sino que busca provocar demandas que acaben en los tribunales y que demuestren que la conocida como S.B 8 (Senate Bill 8 o Texas heartbeat, la ley del latido de Texas) viola la Constitución de EE UU. La nueva norma contradice la jurisprudencia de la Corte Suprema, que en 1973 reconoció el derecho de la mujer a abortar mientras el feto no sea viable, es decir alrededor de las 22 semanas de gestación.
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La que se convirtió el pasado 1 de septiembre en una de las más restrictivas leyes contra el aborto del país prohíbe la interrupción del embarazo desde las seis semanas de gestación, incluso en casos de violación o incesto, una vez que se detectan los latidos del corazón del embrión, cuando la mujer ni siquiera es conocedora de su embarazo. La norma entró en vigor tras el silencio del Tribunal Supremo, que en un nuevo gesto de la mayoría conservadora, salida tras los nombramientos de tres jueces por parte de Donald Trump, declinó pronunciarse.
Braid se remonta al año 1972, cuando el aborto no era legal en Texas y el año en el que él se licenció en medicina por la Universidad de ese Estado del sur. “Excepto que un psiquiatra certificara las intenciones suicidas de una mujer, el aborto era ilegal en Texas”, expone el médico. “Por ello, si la mujer tenía dinero la remitíamos a clínicas en Colorado, California o Nueva York. El resto quedaban abandonadas a su suerte. Algunas cruzaban la frontera con México”, escribe Braid.
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En su relato, sencillo pero demoledor, el ginecólogo afirma que en aquel año vio morir a tres adolescentes como consecuencia de abortos chapuceros y que nunca olvidará uno de ellos, una chica que llegó a urgencias con la vagina llena de trapos, lo que le provocó el colapso de sus órganos como consecuencia de una septicemia y su posterior fallecimiento.
El facultativo declara haber traído al mundo más de 10.000 niños, realizado innumerables exámenes ginecológicos, pruebas de embarazo y llevado a cabo interrupciones de embarazo en sus clínicas de San Antonio y Houston (Texas), así como en la que abrió en la vecina Oklahoma.
Pero de repente, el 1 de septiembre todo cambió con la nueva ley. “Se han cerrado el 80% de los servicios de aborto que ofrecíamos y cualquiera que sospeche que he violado la nueva ley me puede demandar y obtener 10.000 dólares. Se puede denunciar ante los jueces a cualquiera que ayude a una mujer a abortar pasado el nuevo límite, aparentemente, incluido el conductor que lleve a la clínica a mi paciente”, prosigue el ginecólogo.
Para el doctor Braid, la nueva normativa ha devuelto a Texas al año 1972, al año de la ilegalidad y los abortos clandestinos. “Tengo hijas, nietas y sobrinas. Creo que el aborto es una parte esencial de nuestro cuidado médico, He pasado los últimos 50 años cuidando y ayudando a pacientes. No puedo sentarme sin más y ver cómo regresamos a 1972”, finaliza la misiva del facultativo.
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De momento, la “provocación” de Braid ha tenido ya sus dos primeras respuestas. Un hombre de Arkansas y otro de Illinois se han querellado ya contra el médico, ya que la nueva ley de Texas permite a cualquier ciudadano denunciar a quien haya ayudado en el aborto, independientemente de donde viva.
En el caso de Arkansas, Oscar Stilley, quien es descrito en la demanda como un abogado “inhabilitado con deshonra”, busca poner a prueba la ley, no impedir que el doctor texano practique abortos. “No soy pro vida”, declaró Stilley, citado por el diario The New York Times. “Lo que estoy tratando de defender es la ley, ya que decimos que somos un país de leyes. ¿Pero, dónde está la ley?”, se pregunta Stilley, quien en su querella incluye una descripción de sus propios problemas legales, que incluyen una condena en una prisión federal durante 10 años por evasión de impuestos y conspiración. Además, para este hombre de 58 años, se trata de una situación en la que nunca puede perder. “Me van a dar una respuesta en cualquier caso”, explica en referencia a la declaración de que la ley sea inconstitucional o de que le concedan los 10.000 dólares de recompensa.
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Desde Illinois, Felipe Gomez, contrario al aborto, ha presentado otra demanda en San Antonio contra el doctor Braid por incumplir la nueva ley de Texas.
La gran prueba de fuego de Roe v. Wade, nombre de la querella que resultó en la legalización en todo Columna Digital del aborto, llegará en diciembre, cuando el Supremo comience a revisar una ley de Misisipi que prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo después de la semana 15, en una confrontación directa al progresista fallo que va a cumplir 50 años. En junio de 2022, el Supremo fallará, sellando el futuro del aborto en Estados Unidos.
