El aborto es legal en Argentina desde hace dos años, pero hay grupos provida que hacen lo posible para obstaculizar el acceso a ese derecho. El último caso que ha salido a la luz tiene como protagonista a una niña de 12 años que quería abortar tras haber sido violada por su padre. Fue localizada el martes en la sede de la organización provida Grávida después de una intensa búsqueda que comenzó cuando no concurrió al hospital donde tenía cita para interrumpir su embarazo. Organizaciones feministas exigen a la Justicia que investigue si la menor fue retenida contra su voluntad para impedir que abortase y qué pasó durante las horas en las que permaneció desaparecida. Es la segunda vez que esta agrupación es denunciada en la provincia de Santa Fe por intentar impedir el acceso a una interrupción voluntaria del embarazo.
El caso se remonta al 19 de diciembre, cuando la madre de la niña la llevó a una consulta médica a un centro de salud de Garibaldi, una localidad rural situada a 122 kilómetros de la capital provincial, Santa Fe. Allí le confirmaron que la menor estaba embarazada y ella le reveló que había sido abusada sexualmente por su padre.
El hombre, identificado con las siglas G. M. A., tiene 42 años y fue detenido el pasado lunes después de más de una semana prófugo. La fiscalía solicitará su prisión preventiva tras haberlo imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal.
Mientras la policía buscaba al padre denunciado, la niña y la madre estaban acompañadas por los servicios de salud provinciales. “No lo quiero tener”, respondió la menor a los médicos cuando le informaron de su embarazo. Con el apoyo de su madre, la menor pidió abortar y se le dio turno para el 2 de enero en el hospital Iturraspe de Santa Fe, pero no compareció. En ese momento, comenzó una búsqueda que tardó más de 24 horas en dar resultado. La encontraron en la “Casa Hermanas de Betania”, una de las sedes de la organización Grávida.
Tras lo ocurrido, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Santa Fe dispuso una “medida de protección excepcional” transitoria para resguardar a la niña, “garantizar sus derechos y escuchar su voz como sujeto de derechos al igual que todas las niñas, niños y adolescentes”, según un comunicado oficial.
La fiscal a cargo del caso, Alejandra del Río Ayala, informó que están bajo investigación las circunstancias en las que la pequeña y su madre fueron captadas por esta ONG católica para evitar que la menor acceda a la interrupción legal del embarazo. Hasta ahora se sabe que poco antes de perder contacto con el personal de salud que las acompañaba participaron de una misa a la que habían sido invitadas.
“Hoy la niña está bien y en buen estado de salud”, asegura Mariángeles Guerrero, integrante santafesina de la agrupación Campaña nacional por el derecho al aborto. “Pero queremos saber en qué condiciones la tuvieron y qué ocurrió porque podemos estar ante un delito de privación ilegítima de la libertad y de amenazas a una menor”, denuncia. “También queremos que se investiguen los vínculos políticos y económicos de Grávida, quién está bancando el posible secuestro de una niña”, agrega Guerrero.
Desde Grávida informaron a Columna Digital que el caso está en manos de sus abogados y que por el momento no van a hacer declaraciones al respecto.
Esta organización ya fue denunciada en 2016 por otro intento para impedir un aborto legal en Santa Fe. En ese momento, la legislación lo permitía sólo en casos de violación y riesgo para la salud de la embarazada. Una psicóloga de Grávida se hizo pasar como miembro de la Secretaría de Niñez de la provincia para ganarse la confianza de la niña que quería interrumpir el embarazo y de su madre. La profesional fue sancionada por el Colegio de Psicólogos.
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