Una vez un jefe de Estado le preguntó a Juan XXIII cuántas personas trabajaban en el Vaticano. Roncalli, tirando de socarronería, respondió divertido: “Más o menos la mitad”. Visto con la perspectiva de los escándalos de los últimos años, la otra mitad tampoco está claro que remase siempre en la dirección del interés común de la Santa Sede. Los últimos pontífices han tenido que abordar de distintas maneras los casos de corrupción surgidos, casi siempre, alrededor del dinero y de la opacidad de las cuentas vaticanas. Y Francisco, inmerso en un proceso de purga por el último incidente que le ha costado una fortuna a una Santa Sede en números rojos, ha decidido promulgar nuevas medidas sobre la contratación del personal de administración y de las áreas financieras del Vaticano. Entre otras cosas, prohíbe invertir en paraísos fiscales que operen contra la doctrina católica.
La nueva norma, casualmente, coincide con el último día de la sesión plenaria de Moneyval (El Comité de expertos en la evaluación de medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo del Consejo Europeo) para terminar el informe sobre los progresos del Vaticano en esta materia. Las dimensiones y características fiscales y legales de la Santa Sede la han convertido siempre en un lugar favorable a la corrupción. Con el motu proprio (documento pontificio de carácter legal) del Papa publicado este jueves se introducen nuevas reglas para evitar que se manifiesten “conflictos de interés, los métodos de clientelismo y la corrupción en general”, según escribe Francisco.
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