La morosidad en condominios se ha convertido en un desafío significativo para la gestión de comunidades habitacionales en México, especialmente ante el aumento de cuotas de mantenimiento. El problema no solo afecta la economía del grupo, sino que también plantea cuestiones legales complicadas. Con la adopción de prácticas como la “lista de la vergüenza”, que expone públicamente los nombres de los residentes morosos, se han suscitado controversias que pueden derivar en demandas por daño moral, tal y como ha señalado la proptech Neivor.
Esta práctica, que implica la publicación del nombre completo del vecino, el monto adeudado y el número de departamento en áreas comunes, puede parecer efectiva para recuperar flujo de efectivo, pero tiene serias implicaciones legales. La Suprema Corte de Justicia ha establecido precedentes que protegen la reputación individual, lo que indica que las acciones imprudentes pueden resultar costosas para los administradores de condominios.
Aunque la Ley de Propiedad en Condominio permite informar a los residentes sobre el estado financiero del inmueble, es crucial hacerlo con respeto a los derechos de privacidad. Neivor sugiere que, en lugar de exhibir públicamente a los morosos, los administradores deberían limitarse a publicar el número de unidad y el monto deudor, o enviar estados de cuenta de forma privada a través de plataformas institucionales.
Las acciones que pueden tomar los administradores en caso de morosidad se encuentran reguladas. Por ejemplo, no se puede suspender el suministro de agua ni impedir el acceso al departamento, pero sí se pueden restringir amenidades como el gimnasio o la piscina. Es importante que estas medidas estén claramente establecidas en el Reglamento Interno y respaldadas por la legislación estatal.
Para una recuperación efectiva de los adeudos, Neivor propone un proceso en tres etapas. Primero, se debe hacer una notificación preventiva a través de avisos automatizados antes del vencimiento de la cuota. Luego, se procede con una gestión extrajudicial mediante el envío de estados de cuenta que incluyan intereses moratorios. Finalmente, si el adeudo supera los tres meses, se puede iniciar una acción judicial para obtener una sentencia que permita el embargo de bienes.
Además, la tecnología juega un papel crucial en la gestión de deudas. Utilizar plataformas digitales puede automatizar recordatorios de pago y evitar confrontaciones directas entre administradores y vecinos. De esta manera, las comunidades podrían incrementar la recuperación de adeudos hasta en un 30% en los primeros meses, facilitando que los residentes consulten su saldo pendiente y los recargos acumulados desde sus dispositivos móviles.
En conclusión, la morosidad en condominios exige un enfoque estratégico que respete la legalidad y la privacidad de los vecinos. Implementar prácticas de cobranza efectivas y recurrir a herramientas digitales puede ayudar tanto a la administración como a los residentes a mantener la armonía y la salud financiera de sus comunidades.
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