Por Juan Carlos Sánchez Magallán
La educación en México no se entendería sin la UNAM, que, desde su fundación, en 1910, con el nombre de Universidad Nacional de México por decreto de creación del presidente Porfirio Díaz, sin embargo, fue en 1929 cuando el presidente Emilio Portes Gil la autonomizó al denominarla Universidad Nacional Autónoma de México; consecuencia de la necesidad de ampliar espacios de culturización y formar a los profesionistas del país, en libertad y sin injerencias del gobierno.
Recordemos la Gran Depresión económica mundial que afectó y provocó mayor pobreza en los países del mundo, como factor propiciador de la Segunda Guerra Mundial. En nuestro país finalizaba la Guerra Cristera, la rebelión escobarista, la lucha vasconcelista, la fundación del PNR, nuestra economía colapsó al ser dependiente de la del vecino país, por la crisis financiera, monetaria y fiscal que se tradujo en un mar de desempleo, recortes y disminución de sueldos del gobierno; nuestra economía, preponderantemente rural, se ayudaba con la minería y el petróleo, el PIB tuvo una caída del 47% en los siguientes tres años. Ése fue el escenario que motivó conflictos sociales, incluida una huelga estudiantil de los alumnos de derecho, los cuales permitieron liberar las amarras de la educación universitaria del país.
La autonomía universitaria es un principio fundamental que garantiza la libertad académica, el autogobierno y la gestión independiente de los recursos de una institución educativa. En México, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es un ejemplo paradigmático de este principio.
Fundada originalmente en 1551 como la Real y Pontificia Universidad de México, la actual UNAM se constituyó como una entidad autónoma en 1929. La autonomía se logró después de años de esfuerzos de estudiantes y profesores que demandaban una educación libre de interferencias políticas y gubernamentales.
Este logro fue formalizado a través de la Ley Orgánica, que especificaba que la universidad tendría la facultad para gobernarse a sí misma, definir sus planes y programas de estudio y administrar su presupuesto. Desde entonces, la UNAM ha crecido y evolucionado, manteniendo siempre su autonomía como un sello distintivo.
Existen múltiples universidades autónomas, tanto a nivel nacional como estatal. A nivel nacional, junto con la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) también disfrutan de la autonomía. Adicionalmente, cada uno de los 32 estados de la República Mexicana cuenta con, al menos, una universidad autónoma estatal.
La autonomía universitaria ofrece múltiples beneficios, se refiere a la capacidad para autogobernarse. Permite a las universidades definir sus programas académicos y de investigación, lo que permite promover la innovación y la excelencia académica. Además, protege a las universidades de la interferencia de los excesos de los políticos en turno y las pasiones del poder, lo que es crucial para tener libertad de cátedra y el libre intercambio de ideas entre académicos y educandos.
Por otro lado, la pérdida de la autonomía podría dar lugar a la imposición de políticas educativas externas, limitar la libertad académica e, incluso, podría conducir a la politización de la educación consagrada en la Constitución Política. El artículo 3º de la Constitución garantiza el derecho a una educación libre, laica y gratuita, y en su reforma de 2012 ordena a las universidades a gobernarse a sí mismas.
La UNAM ha demostrado sobradamente su extraordinaria utilidad al desarrollo social y cultural del país. Los reconocimientos internacionales están a la vista de todos al posicionarse en el Top 100 de mejores universidades del mundo, según el Ranking QS 2024. Esto, resultado del enorme esfuerzo que realizamos todos los días los académicos, trabajadores y alumnos de todo el país. ¿O no?, estimado lector.
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