Calles convertidas en avenidas para ciclistas y peatones; que el precio del alquiler se calcule en función de las emisiones de los pisos; un tope anual de kilómetros a los coches en función de lo que contaminan; o descuentos para quien retorne envases. Son algunos de los deberes que los barceloneses ponen al próximo gobierno de la ciudad y que este jueves entregaron a la alcaldesa Ada Colau y a los grupos municipales. Ha sido una experiencia de participación pionera a escala de ciudad: la Asamblea Ciudadana por el Clima. Comenzó en verano pasado con el envío de 20.000 cartas ofreciendo participar a una muestra representativa de la ciudadanía de Barcelona, 1.600 vecinos respondieron y aleatoriamente se seleccionaron 100 personas de entre 16 y 75 años, representativos de la población en género, edad, distrito y nivel de estudios.
La experiencia de la asamblea se inspira en otros procesos deliberativos celebrados a escala de España y en Escocia, además del Fòrum Jove de la propia ciudad de Barcelona. Y el proceso lo han liderado a medias desde la concejalía de Emergencia Climática y la de Participación. Los elegidos debían comprometerse a participar y han recibido una compensación económica por participar en las sesiones, como ocurre en las mesas electorales.
En septiembre, los integrantes de la Asamblea recibieron formación y capacitación sobre los ámbitos vinculados al cambio climático, como pueden ser el urbanismo, el consumo o la movilidad. Unas sesiones que dirigían expertos, explica Irma Ventayol, directora de la Oficina del Cambio Climático del Ayuntamiento, un cargo técnico, no político. Una segunda fase se deliberó y se lanzaron propuestas, hasta concretarlas; y en una tercera fase se votaron las propuestas, hasta llegar a 34, que gozan de más de un 51% de consenso entre los participantes. Son sobre energía, movilidad y consumo.
Las 34 propuestas finales implican a diferentes agentes: al propio Ayuntamiento u otras administraciones, a la ciudadanía, o a las empresas o propietarios inmobiliario de la ciudad. Por ejemplo, al consistorio se le lanzan ideas como que reduzcan su consumo energético, que impulse las comunidades energéticas, la recogida de basura puerta a puerta, más zonas verdes, o ejes verdes para bicicletas y peatones. En un ámbito supramunicipal, se sugiere que la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) se base en un máximo de kilómetros por vehículo en función de sus emisiones (ahora se veta a los coches más contaminantes): “La actual ZBE promueve que la gente cambie de coche y esto genera impacto ambiental y beneficia a quien puede cambiarse de coche. Se trata de disminuir la contaminación que generan todos los vehículos privados, porque se basa en su impacto ambiental”, afirma el documento sobre una propuesta que roza el consenso mínimo (un 52%).
Si se mira al sector privado, se propone crear un polo de empresas dedicadas a la reducción del consumo energético y la transición ecológica, impulsar el teletrabajo o regular el precio del alquiler según la eficiencia energética de las viviendas: “Limitar el precio del alquiler según la eficiencia energética es una buena forma de presionar a la propiedad para acometer obras de rehabilitación”. La receta sería “bajar el precio del alquiler en función del nivel de su certificado energético”: mayor es la eficiencia, más se puede cobrar. Otra propuesta es fijar un “mínimo consumo energético vital”, que el coste de la energía tenga en función el consumo: menos consumo, más barato.
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Respecto a los ciudadanos, las medidas que les afectan directamente están vinculadas al consumo y los residuos. Propuestas como una aplicación para medir la huella de carbono de los ciudadanos, talleres de autoreparación en los barrios, acciones “contundentes” contra el desperdicio alimentario, o crear un sistema de “depósito, retorno y reutilización de envases en los mercados municipales”.
“El cambio climático es tan complicado que nos tenemos que poner todos”, señala Ventayol sobre el proceso de la asamblea ciudadana: “Que la ciudadanía haga propuestas le empodera, el proceso es útil por lo que han aprendido, con un nivel de motivación y ganas de contribuir elevadísimo. Es una mancha de aceite, compartirán las propuestas con sus familias, compañeros de trabajo… y extenderán la cultura de la sostenibilidad, tenemos a 80 o 90 prescriptores”.
Elisabet Manich, de 20 años, es una de las asambleistas y cuenta su experiencia: “Recibí la carta y aunque me preocupa mucho el cambio climático no estaba nada involucrada, me pareció una oportunidad participar. Ahora estoy implicada al 100%, con ganas de seguir en la comisión de seguimiento y estoy concienciando a mi entorno y compartiendo lo que he aprendido, creo que es un problema grande y tenemos que implicarnos todos”. Manich señala que puso mucho empeño en la propuesta de cambiar el funcionamiento de la ZBE, aunque admite que “será difícil que se lleve a cabo”.
La experiencia de la asamblea ciudadana por el clima es una de las acciones que se destacaron en la elección de Barcelona como Capital Europea de la Democracia el pasado miércoles por parte de The Innovation y Politics Institute. La elección se decidió tras la valoración de proyectos presentados por ciudades europeas por parte de 2.500 ciudadanos de los estados que forman parte del consejo de Europa. Las ciudades finalistas fueron Barcelona, Braga y Bruselas.
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