De camisa blanca y vaqueros, sin más que un celular, Mónica Almanza se paró frente al bus que encabezaba la minga indígena y detuvo su marcha. Intentaron hacerla a un lado y ella no se dejó. “Atropéllenme si quieren”, exclamó. La agredieron y arrastraron por el piso.
Ocurrió en Cali, la tercera ciudad de Colombia, donde miembros de comunidades indígenas del Cauca, provincia al sur del país, quisieron tomar una zona residencial y comercial. Habían transcurrido 11 días del Paro Nacional; de marchas pacíficas, pero también de vandalismo y del bloqueo de las vías de acceso a una ciudad de tres millones de habitantes. ¿Por qué?
Una primera hipótesis es social. Las cifras oficiales señalan que la pandemia empobreció a la provincia del Valle, cuya capital es Cali. La pobreza capital pasó del 24 al 34%. Pero Cali sigue estando entre las 4 de 20 que mejor está; la media nacional es 42,5% y Bogotá está en 40%. Y el desempleo en Cali, a marzo, fue 18,7%, levemente por encima del nacional pero por debajo de Bogotá, que estuvo en 20,1%. Sin desconocer que Cali es una ciudad con mucha pobreza e inequidad, argüir que en ella las protestas fueron más complejas debido a su problemática social no parece ser contundente.
Una segunda hipótesis es la provocación de la policía. Organismos y medios internacionales centraron su mirada a Cali en los posibles excesos de la autoridad; no tardaron varios países en condenar al Gobierno. Sin reconocer la existencia de casos de eventual abuso, materia de investigación, la gratitud de los caleños con la policía antidisturbios es enorme. Imágenes de esta siendo aplaudida como héroe a su paso por la ciudad son reveladoras. Por ende, la tesis según la cual la Fuerza Pública exacerbó los ánimos de los manifestantes, no es convincente. Es más, Cali continúa reclamando presencia policial y militar y el restablecimiento del orden.
Una tercera explicación es su ubicación. A una hora al sur de Cali está Cauca, cuya capital es Popayán. El norte de la provincia alberga algunos de los principales laboratorios de cocaína, y a dos horas está Buenaventura, principal puerto del país sobre el Pacífico, eje del Litoral, y cuyos anchos ríos son vía de entrada de armas y precursores químicos y de salida de cocaína. En el Cauca hay una avenencia de narcotráfico, disidencias de las FARC, ELN y comunidades indígenas, incluida la que marchó a Cali. Las autoridades señalan que en los hechos de Cali no solo ha habido presencia de grupos armados ilegales, de dinero y armas del narcotráfico.
Una cuarta explicación es la falta de previsión. Cali fue una las ciudades más afectadas por el vandalismo y los bloqueos en el paro de 2019. Era de esperar entonces que algo similar ocurriera. Pero no se tomaron las medidas adecuadas para prevenir el bloqueo de las vías de acceso, proteger las estaciones y buses de transporte masivo, edificios públicos y el comercio. Se cuestiona la inteligencia del Estado o en su defecto no haber actuado si había información. Y cuando el alcalde, en su condición de jefe de policía, autorizó al escuadrón antidisturbios salir a la calle, la ciudad estaba incendiada. La falta de liderazgo y coherencia ha sido notoria.
Es decir, el motivo por la que el Paro Nacional ha sido más intenso en Cali no pareciese recaer en su situación social ni en una provocación de la policía, como algunos lo señalan. El dinero y armas del narcotráfico y la guerrilla, y la falta de previsión de las autoridades, explicaría mejor lo sucedido. Pero sigue siendo insuficiente; debe darse una mirada mucho más amplía.
La reforma tributaria del Gobierno de Iván Duque terminó siendo un pretexto para atizar las marchas, pues una vez retirada del Congreso, no se levantó el Paro. Al contrario, se extendió en el tiempo y se le sumó el paro de los transportadores. Lo anterior lleva a pensar que hay un fin distinto: debilitar al Gobierno y a la derecha con miras a las elecciones del 2022. La estrategia es, una parálisis prolongada y sistémica, en la que se responsabilice al Gobierno.
Lo anterior no significa que no haya malestar o razones para marchar. El último año ha sido difícil. Colombia inició el 2020 con proyecciones de crecimiento del 3,4%, superiores al promedio mundial. Era un país optimista, que en las últimas décadas había logrado reducir la pobreza y crecer la clase media, reducir la criminalidad, triplicar el turismo de extranjeros, ingresar a la OECD, y suscribir un acuerdo de paz con las FARC, no exento de controversia.
Pero al igual que otros países, la desaceleración de la economía ocasionada por la pandemia arrojó a 3.5 millones de personas a la pobreza. El Gobierno implementó varios programas de apoyo a los más vulnerables y para evitar los despidos masivos en las empresas. Iniciativas que paradójicamente aspiraba a continuar financiando con la reforma tributaria que rebosó la copa y que según centros de estudios económicos serios, era la más progresiva en décadas.
La protesta social es un derecho fundamental. La pregunta es si debe darse con violencia y vulnerando los derechos del resto de la población, como ocurre en Cali; derechos humanos que a juicio de la mayoría de caleños poco importan en el exterior. Los alimentos, insumos médicos y combustibles entran a cuentagotas cuando quienes bloquean las vías lo permiten. La gente está secuestrada en sus casas. Si algo así ocurriera en Vancouver, Las Vegas, Ámsterdam, Ginebra o Barcelona, con una población similar, seguro la mirada sería distinta.
Cali ha vivido momentos complicados y los ha superado gracias a la resiliencia de sus ciudadanos. No en vano es una ciudad pujante y emprendedora, sede de multinacionales importantes, líder nacional en diversos sectores, con universidades y hospitales de primer nivel regional, y un fuerte liderazgo social y gremial. Pero sigue sitiada, a la espera del restablecimiento del orden y sus derechos, de un diálogo con grandeza, y una mirada objetiva desde el exterior.
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