La elección judicial del 2 de junio de 2025, un proceso que debería haber garantizado imparcialidad y transparencia, ha revelado ser un evento profundamente influenciado por factores ajenos a lo que su naturaleza exige. Según un informe del Laboratorio Electoral, conformado por diversas organizaciones civiles, la injerencia de actores políticos era evidente para un amplio segmento de la población, con un 65% de los encuestados indicando que sintieron la presencia de partidos, funcionarios o sindicatos en campañas a favor o en contra de ciertos candidatos.
El ejercicio de “Resultados principales de la Encuesta de Salida del Observatorio Electoral Judicial” abarcó 2,406 respuestas, tanto presenciales como virtuales, de 273 secciones electorales en 30 entidades federativas. Los resultados ponen de manifiesto un paisaje electoral lleno de confusión, interferencias políticas y obstáculos para acceder a información clara sobre las candidaturas.
Uno de los datos más alarmantes revela que el 18% de los votantes manifestó haber sido contactado con el objetivo de influir en su decisión, porcentaje que se intensifica en regiones como Durango (26%) y la Ciudad de México (22%). Además, el 40% de los encuestados carecía de claridad sobre qué poder del Estado —Ejecutivo, Legislativo o Judicial— respaldaba a la candidatura por la que optaron.
Los datos muestran que entidades como la Ciudad de México y Jalisco fueron las que más apoyo brindaron a candidatos del Ejecutivo, mientras que Nuevo León y la Ciudad de México fueron las que más respaldaron a aspirantes del Poder Judicial. Por otro lado, un 58% de los votantes en Durango y un 48% en Jalisco se mostraron desinformados sobre qué poder postuló a la mayoría de sus candidatos.
A pesar de la confusión reinante, un 66% de los encuestados consideró “importante” o “muy importante” conocer el respaldo institucional de cada candidato. De quienes valoraron este aspecto como determinante, un 24% votó por candidaturas del Ejecutivo, un 20% por las del Poder Judicial y un 15% por las del Legislativo. Sin embargo, el criterio más influyente para elegir el voto fue la experiencia de las personas candidatas (37%), seguido de sus valores personales (24%) y propuestas de campaña (16%).
Los hallazgos en torno a la organización del proceso fueron mixtos: mientras un 40% lo describió como “fácil” o “muy fácil”, un 34% lo percibió como “difícil” o “muy difícil”. En relación a la accesibilidad a información sobre candidaturas, el 42% reportó que fue sencillo encontrar la información necesaria, aunque un 32% experimentó dificultades.
Aparte de estos aspectos, el informe también resalta preocupaciones sobre irregularidades en la promoción de candidaturas. A través de su análisis “Gasto en redes sociales de candidaturas, una infracción constante en la elección judicial de 2025”, se denunciaron gastos irregularidades, apoyos no orgánicos y encuestas ficticias que violan las normas del proceso. Se identificaron 1,951 anuncios pagados, con un gasto total estimado entre 2.3 y 3.08 millones de pesos, de los cuales el 75% se destinó a promover a candidatos para la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Además, se detectó un patrón de promoción indirecta mediante páginas falsas, que se utilizaban para difundir anuncios y luego eran desactivadas, actuando como medios de comunicación sin contar con un historial informativo verificable. En cuanto a las encuestas, catorce compañías difundieron sondeos sin registrar sus metodologías, lo que plantea serias dudas sobre la veracidad de los datos presentados.
En resumen, la elección judicial de 2025, lejos de ser el reflejo de un proceso transparente y libre de influencias, se ha convertido en un campo de batalla donde se entrelazan intereses partidistas y presiones externas, lo que suscita serias inquietudes sobre la calidad de la democracia en el contexto actual.
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