El Consejo de Estado aprobó este viernes por unanimidad el dictamen sobre el real decreto que regulará el despliegue de los centros de datos en España, cumpliendo así el último trámite previo a su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros antes de las elecciones del 29 de noviembre1.
La norma busca ordenar la llegada de nuevas infraestructuras tecnológicas y evitar impactos negativos en la competencia por recursos hídricos y en la factura eléctrica de los consumidores, según los Ministerios de Transición Ecológica y Transformación Digital1.
Lo que había pasado: El 27 de octubre, el Gobierno de España envió una nueva propuesta de decreto sobre centros de datos al Consejo de Estado, que incluía un umbral de potencia más alto, un régimen transitorio para el uso de energía renovable y algunos requisitos flexibilizados, aunque mantenía exigencias clave según el sector (Gobierno de España envía nueva propuesta de decreto sobre centros de datos al Consejo de Estado).
Principales requisitos y régimen transitorio
Entre los puntos más relevantes de la regulación destaca que la puesta en marcha de los centros de datos estará condicionada a que cuenten con una nueva generación eléctrica capaz de cubrir el 80% del consumo energético en cada hora de funcionamiento, mediante contratos de compra de energía a plazo (PPAs) de al menos seis años y el uso de baterías para almacenar energía solar y utilizarla durante la noche1.
Se establece un régimen transitorio de cinco años, hasta 2031, para facilitar la adaptación. Durante este periodo, los proyectos deberán justificar una generación asociada nueva y renovable del 60% del consumo, pero solo en las horas punta, principalmente nocturnas, hasta el 31 de diciembre de 2028. Después, y hasta 2031, el porcentaje aumentará al 70% y se aplicará tanto en horas punta como en horas llanas1.
Impacto sobre el sector y la inversión
El sector empresarial ha manifestado su preocupación por el impacto de la regulación en la seguridad jurídica y en las inversiones. Según la patronal Spain DC, desde la redacción del primer borrador ya se han desviado 9.000 millones de euros a otros destinos por la inseguridad jurídica, mientras que están en juego 67.000 millones de euros en inversiones anunciadas en España1.
Las nuevas reglas también obligan a los centros de datos acogidos al régimen transitorio a ponerse a disposición del operador del sistema eléctrico, Red Eléctrica (REE), para ser gestionados de forma flexible. En caso de necesidad, podrán ser desconectados, a diferencia de las grandes industrias que reciben una compensación por participar en el Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP); los centros de datos deberán cumplir este requisito sin retribución y serán los primeros en ser desconectados si el sistema lo requiere1.
Próximos pasos para la aprobación definitiva
Tras la aprobación unánime del dictamen por el Consejo de Estado, el real decreto queda listo para ser sometido al Consejo de Ministros, con el objetivo de aprobarlo antes de las elecciones del 29 de noviembre1.
El Gobierno busca blindar la norma ante posibles avalanchas de recursos judiciales que se prevén por parte del sector, que ha mostrado su desacuerdo con algunos de los requisitos establecidos1.
Por qué importa en España
La regulación de los centros de datos afecta directamente al sector empresarial español y al atractivo de España como destino de inversiones tecnológicas, con posibles repercusiones en la seguridad jurídica y en la llegada de capital extranjero1.
Además, la norma busca equilibrar el desarrollo tecnológico con la protección de los recursos energéticos y el impacto en la factura eléctrica de los consumidores, un tema relevante para la economía y la sostenibilidad en el país1.
Preguntas frecuentes
¿Qué implica la nueva regulación de centros de datos aprobada por el Consejo de Estado en España?
La regulación exige a los centros de datos garantizar que el 80% de su consumo energético provenga de nueva generación eléctrica mediante contratos a plazo y baterías, e impone un régimen transitorio de cinco años con requisitos progresivos de energía renovable1.
¿Cómo afectará la regulación a las inversiones en centros de datos en España?
El sector empresarial advierte que la regulación puede poner en riesgo los 67.000 millones de euros anunciados en inversiones, y ya se han desviado 9.000 millones a otros destinos por la inseguridad jurídica, según la patronal Spain DC1.
¿Qué riesgos legales existen para las empresas de centros de datos con esta nueva norma?
Se prevé una avalancha de recursos judiciales por parte del sector, que considera que la norma establece requisitos que afectan la seguridad jurídica y la viabilidad de las inversiones1.
¿Cuándo se aprobará definitivamente la regulación y qué impacto tendrá en el sector tecnológico?
El real decreto está listo para ser aprobado por el Consejo de Ministros antes de las elecciones del 29 de noviembre. Su impacto será ordenar el despliegue de centros de datos y condicionar su operación a requisitos energéticos y de flexibilidad en la gestión eléctrica1.
Nota de la Redacción: esta nota se basa en la información disponible al publicarla y se actualizará si otras fuentes aportan más datos.
Fuentes
Texto elaborado por la Redacción de Columna Digital a partir de estas fuentes:
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Datos basados en información reportada originalmente por La Vanguardia.
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