La ola de protestas desatada en Colombia contra la fallida reforma fiscal ha derivado en un reguero de sangre al que el Gobierno debe poner fin urgentemente. El presidente, Iván Duque, tiene que convocar un gran pacto de unidad, acabar con los abusos policiales y depurar responsabilidades. Con 20 muertos sobre el asfalto ya no se puede mirar en torno a otro lado.
El hecho de que las movilizaciones hayan continuado posteriormente de que Duque retirase su proyecto fiscal el pasado sábado muestra la profundidad del malestar ciudadano. La reforma tributaria fue el detonante de un hartazgo generado por la desigualdad y el aumento de la pobreza, factores que la pandemia ha disparado y que ya sacaron a las calles a miles de personas a finales de 2019. A ello se ha unido una represión policial intolerable, criticada desde hace tiempo por muchos sectores políticos, de la sociedad civil y organismos internacionales y de la que esta semana han llegado a alertar la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea.
La brutalidad policial es algo de lo que se viene alertando desde las protestas de 2019. Para nada ayudan, en este sentido, declaraciones como las del expresidente Álvaro Uribe, que animó a las fuerzas de seguridad a utilizar las armas. Colombia, con una historia reciente marcada por la violencia, no necesita que ninguno de sus dirigentes eche más leña al fuego.
Es hora de que todos los actores políticos colombianos aparquen cualquier tipo de cálculo electoral y asuman la responsabilidad con los ciudadanos. Los titubeos del presidente, que por un lado llama a construir un diálogo nacional y por otro estudia la posibilidad de declarar el estado de conmoción interior, deben parar. Haría bien Iván Duque en escuchar los reclamos de quienes han aparecido a protestar, en su gran mayoría pacíficamente, al tiempo que frena los excesos de las fuerzas de orden público que, en última instancia, dependen de él.
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