Por Juan Carlos Sánchez Magallán
El Día Internacional de los Desaparecidos tiene el propósito de visualizar esta problemática existente en todo el mundo. Una de las herramientas más útiles para su erradicación es la observación, monitoreo y evaluación de los países que son parte del Sistema de Naciones Unidas, a través del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), que supervisa la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Por supuesto, este órgano de expertos propone soluciones y emite recomendaciones para sumar esfuerzos de los gobiernos y otros actores donde se presenta. Una desaparición forzada se configura cuando se arresta, detiene o traslada contra su voluntad a una persona o que resulta privada de su libertad de alguna manera por agentes gubernamentales de cualquier nivel o poder, o bien, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Estado o con su aquiescencia, es decir, con su apoyo directo o indirecto, bajo su autorización o consentimiento.
Además, que se nieguen a revelar la suerte o el paradero de las personas o, incluso, reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas, así, de la protección de la ley. En general, a las desapariciones forzadas las detona algún interés de origen político que violenta la ley y los derechos de la víctima.
A manera de ejemplo, en Europa, España es el país con mayor número de focos comunes en personas desaparecidas durante el régimen franquista.
Calculan los estudiosos del tema en 114 mil 226 cuerpos que yacen en fosas repartidas en todo el territorio. Sin embargo, el primer lugar del mundo es Camboya, con cerca de un millón de desaparecidos, lo anterior debido a regímenes tiranos, grupos paramilitares, organizaciones terroristas o a los cárteles de la delincuencia organizada.
En México, durante el año 2022, han desaparecido cada día siete mujeres, cifra por demás alarmante. En el más reciente informe sobre México, el referido comité alertó sobre un aumento en los casos de mujeres, sobre todo en niñas a partir de los 12 años, que son sustraídas dentro o fuera del ámbito familiar, con el propósito de ocultar la violencia sexual o los feminicidios; estos, consecuencia del reclutamiento por medio de represalias u otros por desapariciones consecuencia del secuestro de las personas para la trata y explotación sexual.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) señaló que diariamente 14 personas de entre los 0 y 17 años fueron reportadas como desaparecidas no localizadas durante 2021, con base en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
Este informe refiere que durante la última década se han registrado un total de 74 mil 889 casos de desapariciones de mujeres en nuestro país, de los cuales 24 mil 445 aún continúan como tal. Las desapariciones de niñas y mujeres adultas o adolescentes son diferentes a las del género masculino, pues muchos de ellos son por abuso sexual.
Los 10 estados de la República con mayores desaparecidos son: Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Michoacán, Sonora, Guerrero y Ciudad de México. De acuerdo con el RNPDNO, del total de mujeres y hombres desaparecidos que han sido encontrados, 134 mil 267 fueron trasladados con vida, equivalentemente, el 93.2%, muestra que 9 mil 823 sin vida, el 6.8 por ciento.
Nuestro país pretende frenar la crisis forense mediante la capacitación de más especialistas en la identificación de cuerpos desaparecidos, por conducto del próximo laboratorio mexicano que será referente en el mundo, como el de la Universidad de Innsbruck, en Austria, informó Alfredo Hidalgo, titular del Laboratorio Genómico del cáncer del Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen). La dificultad que encuentran en las muestras para identificar los perfiles genéticos de las personas desaparecidas es que sufren un deterioro por la acción del fuego, ácidos o por la exposición prolongada a la intemperie.
Todo un tema, ¿o no, estimado lector?
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