El 17 de junio de 2025, entró en vigor la Ley Silla, una reforma significativa que reconoce el derecho al descanso en el trabajo. Sin embargo, esta nueva regulación ha suscitado dudas en su implementación, especialmente en lo que respecta a aspectos como el tiempo de las pausas y las características de los asientos que deben proporcionar los empleadores.
Heberardo González Garza, presidente de Coparmex Reynosa y abogado especializado en compliance laboral, ha expresado que la falta de claridad en estos elementos ha generado incertidumbre entre las empresas. Según González, la ley no especifica cuánto tiempo se debe dedicar a los descansos, lo que complica su cumplimiento. Las empresas esperan que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emita lineamientos concretos antes del 17 de julio.
La reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) no solo reconoce el derecho a pausas, sino que también establece la obligación para los empleadores de proporcionar asientos con respaldo. Esta medida busca prevenir riesgos laborales, ya que prohíbe realizar tareas de pie durante toda la jornada laboral. Marité Villanueva, abogada laboral y asesora de Recursos Humanos, subraya que definir el tiempo de descanso no es sencillo y su implementación requiere una reestructuración operativa en algunas industrias. Las empresas sienten angustia ante la falta de información sobre cómo esta ley impactará en sus procesos operativos y costos, así como sobre el tipo de sillas que deberán adquirir.
La Ley Silla ofrece un plazo de 30 días para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emita la normativa necesaria para su cumplimiento. Marité Villanueva destaca la dificultad de invertir en recursos sin conocer aún todos los detalles de las disposiciones que serán exigibles. Para González, la mejor estrategia es que las empresas comiencen a reestructurar sus reglamentos internos, no solo para cumplir con la Ley Silla, sino también para alinearse con principios de derechos humanos universales.
Adicionalmente, la ley otorga un plazo de 180 días para que las empresas adecuen sus normativas internas. La diputada Patricia Mercado, autora de la reforma, ha aclarado que el derecho al descanso y la obligación de otorgar las sillas son exigibles desde este momento, aunque aún no están sujetas a sanciones. Las sillas deben estar disponibles en los centros laborales, mientras se ajustan las políticas internas que definirán, por ejemplo, los roles de descanso en diversas industrias.
A medida que se acerca el 14 de diciembre de 2025, cuando concluye el período para la adaptación de estas normativas, se plantea un debate sobre cómo las empresas pueden cumplir con lo dispuesto en la ley sin tener un marco regulatorio claro. Este aspecto genera inquietud entre empresarios y trabajadores, visibilizando la necesidad de un enfoque integral en la implementación de políticas laborales que consideren tanto la salud de los trabajadores como la operatividad de las organizaciones.
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