La salida de México de Ricardo Anaya después de ser citado por la Fiscalía por presuntos actos de corrupción ha vuelto a poner de manifiesto un caso, el de Odebrecht, que apenas ha tenido avances en México y parece congelado en el tiempo. El excandidato presidencial ha anunciado que abandona el país cuando se cumple un año de la denuncia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, que acusó a una quincena de políticos, entre ellos Anaya, de beneficiarse de una red de sobornos y desvío de fondos por miles de millones de pesos. Extraditado desde España en julio de 2020,
Lozoya se convirtió en colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR). El exfuncionario, responsable de la paraestatal durante buena parte del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), acusó entonces a un grupo de políticos, entre ellos el propio Peña Nieto, su antecesor, Felipe Calderón (2006-2012) y el también expresidente Carlos Salinas (1988-1994). Las consecuencias de tamañas acusaciones, hasta el momento, han sido escasas.
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A un año de su denuncia, los dichos del exfuncionario apenas han generado acción judicial. La FGR solo ha procedido contra uno de los presuntos implicados en la red de corrupción, el exsenador del partido conservador Acción Nacional Jorge Lavalle, actualmente en prisión. Piedra angular del caso de la FGR, Lozoya y su presunta batería de pruebas contra legisladores y altos funcionarios no ha rendido más frutos, al menos de momento. El exfuncionario ha pedido otra prórroga de investigación al juez para acumular más evidencia, periodo que concluiría en octubre.
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En su acusación, el exfuncionario señalaba además a una quincena de políticos de recibir dinero, entre ellos los expresidentes arriba mencionados o legisladores como Ricardo Anaya, excandidato presidencial por el partido conservador Acción Nacional. Requerido por la justicia, Anaya ha denunciado estos días persecución política por parte del Gobierno actual, encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Lozoya acusó a Anaya de recibir seis millones de pesos a cambio de apoyar la reforma energética.
La acusación llegó de manera oficial por el exmiembro del extinto Estado Mayor Presidencial y encargado de la seguridad de Lozoya, Norberto Gallardo Vargas. En su declaración ministerial aseguró que en agosto de 2014 entregó en una “bolsa deportiva” 6,8 millones de pesos a Anaya y a su “enlace” Osiris Hernández en el estacionamiento de la Cámara de Diputados, según parte de la carpeta a la que tuvo acceso Milenio en julio.
Anaya aseguró este fin de semana, en un vídeo previo al del anuncio de su salida del país, que el expediente está “hecho con las patas”, pues, en su testimonio, Lozoya había declarado que le habían entregado dinero a cambio de su voto cuando era diputado el 8 de agosto de 2014. “Pero se dieron cuenta de que en esa fecha yo no era diputado y que en esa fecha ni siquiera estaba en la Ciudad de México”, remarcó. “Entonces, para no hacer el ridículo, hicieron una porquería: cambiaron la declaración de Lozoya, o sea, alteraron el expediente. En lo que modificaron, ahora la supuesta entrega de dinero ya no tiene nada que ver con mi voto y la fecha ya no es el 8 de agosto”, agregó.
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La Secretaría de Hacienda le pisa los talones a Lozoya. Entre julio y agosto, la Unidad de Inteligencia Financiera de la dependencia, UIF, ha presentado dos denuncias contra el exfuncionario, el grupo Odebrecht y una red de decenas de personas y empresas que habrían estado implicadas en el desvío de miles de millones de pesos para financiar presuntamente campañas electorales, una de las patas de la presunta trama corrupta.
Según la denuncia de Lozoya, el Gobierno de Peña Nieto habría usado el dinero de Odebrecht para financiar campañas electorales del PRI y también para asegurar la aprobación de la reforma energética, que abría el sector a la iniciativa privada después de años de restricciones. Al mando del reparto de dinero, el exdirector de Pemex señaló a una de las personas más cercanas de Peña Nieto, el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray. “Entre Peña Nieto y Videgaray existió un acuerdo para implementar un aparato organizado de poder que instrumentó lo necesario para obtener beneficios que afectan la soberanía de México”, dijo Lozoya.
