Estados Unidos necesita desesperadamente empezar a invertir en sí mismo. Y puede permitírselo fácilmente. Pero el camino hacia un futuro mejor se ha visto bloqueado por el partidismo y por conceptos de rectitud fiscal desacertados. Por eso me agrada ver a miembros del Congreso adoptar artimañas presupuestarias.
Los antecedentes: el Senado parece estar a punto de aprobar una ley de infraestructuras bipartidista, es decir, una ley que recibirá el apoyo de una minoría suficientemente amplia de senadores republicanos como para superar el obstruccionismo parlamentario.
La ley se queda muy corta frente a lo que realmente necesita el país; de los demócratas dependerá el llenar las lagunas con legislación adicional que deberán aprobar mediante el procedimiento de reconciliación. Aun así, es un gran logro político, en especial después de que la “semana de las infraestructuras” se convirtiera en chiste recurrente en tiempos de Trump.
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Pero, ¿cómo ha llegado el Senado a este punto? La política era bastante evidente: el gasto en infraestructuras es muy popular, y un número significativo de republicanos no querían ser vistos como unos completos obstruccionistas. Lo que no estaba claro, sin embargo, era cómo se financiaría el gasto.
A simple vista, las exigencias republicanas deberían haber hecho imposible que se alcanzara un acuerdo. Los senadores republicanos se oponían a subir impuestos. También bloquearon propuestas que daban al Servicio de Impuestos Internos (IRS) recursos para perseguir la extendida evasión fiscal, una postura que incluso a cínicos como este servidor nos ha parecido un tanto escandalosa. ¿Qué clase de partido se pone, de manera más o menos abierta, del lado de los defraudadores fiscales ricos?
Sin embargo, los republicanos insistían al mismo tiempo en que se pagara el nuevo gasto, a diferencia, pongamos, de la rebaja fiscal que aprobaron en 2017, y que, como afirmaban alegremente (y falsamente), se pagaría por sí sola. Entonces, ¿cómo lo han resuelto? Básicamente, a base de disimular; buena parte de la supuesta financiación procedería de triquiñuelas contables.
En concreto, gran parte de ella derivaría de “reasignar” dinero de programas de ayuda para la covid-19 que acabaron costando menos de lo previsto, pasando por alto otros que habían costado más de lo esperado. En otras palabras, podría decirse que la inversión en infraestructuras se pagaría con humo y espejos. (La Oficina Presupuestaria del Congreso coincide). Y eso está bien. De hecho, probablemente sea algo bueno.
