Hace más de una década que Naciones Unidas viene alertando sobre el problema del desperdicio alimentario. Ya en 2012, el entonces Secretario General de la ONU, Ban-ki Moon, lanzaba el Reto del Hambre Cero con cinco componentes clave, entre los cuales estaba acabar con el derroche de comida. La FAO ha venido estimulando y realizando investigaciones sobre la magnitud de este problema de ineficiencia de nuestros sistemas de alimentación y sobre sus graves repercusiones económicas, ecológicas y sociales. También, las instituciones europeas llevan una década mostrando su preocupación.
España no ha aprovechado suficientemente estos años. La actuación gubernamental se limitó a una estrategia del Ministerio de Agricultura titulada Más alimento, menos desperdicio, lanzada en 2013, que, con limitados recursos, consiguió menos resultados de lo que hubiera sido esperable. En el marco de esta estrategia se ha hecho un panel de cuantificación del desperdicio en los hogares, pero no se ha analizado lo que ocurre en el conjunto de la cadena alimentaria y, sobre todo, no se ha generado un marco armonizado para la medición y análisis de este fenómeno en nuestro país.
Este es el punto de partida para la elaboración y aprobación de una ley para la reducción de las pérdidas de comestibles que el Gobierno puso en marcha el otoño pasado. En una primera etapa se abrió un proceso de consultas para que los agentes de la cadena alimentaria aportaran ideas y preocupaciones que deberían tenerse en cuenta en la elaboración de la ley. En el mes de octubre, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicó un anteproyecto de ley y abrió durante unos 40 días un proceso de consulta pública sobre el texto. Desde el 1 de diciembre, el MAPA está trabajando en el proyecto de ley que, tras la aprobación del Consejo de Ministros, será remitido a las Cortes, probablemente en los próximos tres meses, y se espera que pueda estar aprobado antes de final de año.
Las organizaciones sociales comprometidas con esta temática organizamos en noviembre un taller para elaborar nuestras propuestas en el proceso de consulta pública y convocamos antes de Semana Santa un foro para contrastarlas con el Gobierno y con los demás agentes implicados. A partir de este proceso podemos destacar algunas fortalezas y debilidades de lo que hasta ahora hemos conocido.
En el diálogo con los representantes gubernamentales hemos percibido que hay voluntad política de hacer frente al problema, que se tiene conciencia de su gravedad y del lastre que puede suponer para el conjunto de la agenda de sostenibilidad. Esta preocupación es compartida por el resto de agentes.
La futura ley tendrá la consideración de legislación básica, por lo que deberá ser aplicada por las comunidades autónomas, que podrán desarrollar sus propias normas respetando los contenidos básicos de la ley estatal. Esto requiere una adecuada coordinación entre administraciones, incluyendo a las administraciones locales, que son las más próximas al problema. El Gobierno contempla la posibilidad de crear una comisión interterritorial que sirva de instancia de coordinación en la aplicación de la ley y que permita evitar una imagen territorialmente fragmentada.
La prevención como primera solución
Existe una visión compartida en cuanto a la jerarquía de soluciones que se debe aplicar. En la cúspide de esa jerarquía debe estar la prevención, evitar en la medida de lo posible que se produzca el desperdicio. Por eso, se destaca la importancia de trabajar la sensibilización y la concienciación de todos los agentes de la cadena y la promoción de hábitos de consumo sostenibles que contribuyan a frenarlo.
Sin embargo, en el proceso también se detectan algunas debilidades. Frente a la convicción de que hay que analizar cuantitativa y cualitativamente el derroche que se produce en toda la cadena alimentaria a través de una metodología común y armonizada en todos los territorios y eslabones, aún no se sabe cómo hacerlo. Ni siquiera se sabe si esto estará apuntado en la ley o se dejará para futuros desarrollos reglamentarios, lo que retrasaría este ejercicio imprescindible de medición.
Como uno de los elementos principales de la ley, se prevé que todos los actores involucrados, desde la producción hasta la venta, deberán contar con un plan de prevención de pérdidas, que tendrá un contenido mínimo definido normativamente. No obstante, cada empresa deberá adaptarlo en función de sus condiciones, características, tamaño, etcétera. Por parte de muchos de esos actores existe preocupación al respecto, especialmente sobre si habrá acompañamiento y apoyos en el proceso de diseño e implementación de esos planes, pero esto no está todavía claro.
El desperdicio alimentario es un gran iceberg del que solo alcanzamos a ver una pequeña parte de su tamaño y de sus implicaciones
Tampoco está claro qué planteamiento va a dar el Gobierno a la exigibilidad de la norma y sus mecanismos de control. Los equilibrios entre incentivos y obligaciones, entre autorregulación y definición de infracciones y sanciones, preocupan en algunos eslabones de la cadena. Los representantes empresariales piden más flexibilidad en el cumplimiento, más orientación a buenas prácticas y menos rigor en las sanciones respecto a lo que aparecía en el anteproyecto. Otros actores vemos con preocupación que el cumplimiento de los objetivos de la ley pueda quedar, por esta vía, un tanto diluido, condicionado a la voluntad de cada empresa.
Suficiente presupuesto para poner en marcha la ley
Desplegar el conjunto de medidas que permitan reducir en un 50% el desperdicio alimentario antes de 2030 (meta comprometida en la Agenda 2030 y en la Unión Europea) requiere una suficiente dotación de recursos. Pero no hay ninguna previsión al respecto en el anteproyecto. Parece que la idea es seguir funcionando con el mismo presupuesto limitado con el que ha contado el MAPA para la estrategia Más alimento, menos desperdicio y esperar que las Comunidades Autónomas y el conjunto de actores de la cadena también aporten recursos. En esta situación, la ley nacerá condenada al fracaso respecto a sus objetivos previstos, aunque pueda conseguir algunos avances.
El desperdicio alimentario es un gran iceberg del que solo alcanzamos a ver una pequeña parte de su tamaño y de sus implicaciones. En esta ley nos jugamos mucho más de lo que a primera vista podamos pensar; debajo hay graves problemas de sostenibilidad: grandes emisiones asociadas de gases de efecto invernadero, el consiguiente agravamiento del cambio climático, degradación de suelos, deforestación, escasez de agua, pérdida de humedales, pérdida de biodiversidad… Y el aumento del precio de los alimentos que contribuyen al hambre y empobrecimiento de las poblaciones más vulnerables.
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