La Fiscalía de Madrid mantiene que ya debe darse por concluida la investigación judicial del caso Neurona, donde Podemos permanece imputado como persona jurídica por contratar a la consultora mexicana Neurona para las elecciones generales de abril de 2019. El ministerio público responde así al magistrado Juan José Escalonilla, que preguntó la pasada semana a las partes si prorrogaba el plazo de una instrucción que se prolonga desde hace un año y medio. Según expone la Fiscalía, en línea con la formación política, aunque todavía faltan pruebas por practicar que ya se han aprobado, las pesquisas deben considerarse por acabadas una vez que se ha “acreditado” que la compañía prestó los servicios para los que se le pagó.
El caso Neurona
Aunque el ministerio público no se pronuncia todavía sobre si debe archivarse el caso Neurona, sí abre la puerta a pedirlo en un futuro —cuando se reciban y practiquen las pruebas pendientes: como la pericial encargada sobre el valor de los trabajos de la consultora y la comisión rogatoria que la Audiencia de Madrid ha ordenado enviar a México para interrogar a dos empleados de la empresa—. De hecho, en un escrito del pasado 3 de enero, la fiscal ya desinflaba aún más la instrucción de Escalonilla, que llegó a abrir hasta siete líneas de investigación, seis de las cuales ya se han cerrado. Entre las partes a las que se dio carpetazo se encontraban el supuesto pago de sobresueldos y las presuntas irregularidades en la reforma de la sede y la caja de solidaridad.
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El magistrado solo mantiene activa la línea de investigación centrada en la contratación de la consultora mexicana Neurona para las elecciones generales de abril de 2019. Pero esta parte ha dado un giro en los últimos meses. En un principio, el juez sospechaba que Podemos pagó a Neurona más de 360.000 euros por unas labores que nunca llegó a realizar. Esa tesis viró el pasado noviembre, después de que Escalonilla diese por acreditado que parte de los trabajos se ejecutaron. A raíz de ello, el magistrado encargó un informe pericial para valorar estos proyectos y compararlos con el precio abonado.
Pero el ministerio público también ha mostrado sus reticencias sobre este informe. “Entendemos que la formación puede contratar con los proveedores que considere oportuno y es posible que no pueda determinarse con fiabilidad el coste”, dijo en su escrito del 3 de enero. Sobre este extremo vuelve a pronunciarse a la hora de pedir la finalización de la instrucción: “Una vez que ha quedado acreditada la prestación del servicio por parte de Neurona después de la realización de varias pruebas periciales y testificales; la única diligencia necesaria a practicar, y que ya ha sido acordada, es la relativa a la tasación”, ha informado este jueves la Fiscalía de Madrid: “Por tanto, entiende que no procede acordar la prórroga”.
La pelota se encuentra ahora en el tejado de Escalonilla
El juez tiene que acordar primero si amplía el plazo de la instrucción. En el caso de no hacerlo y una vez que se practiquen las pruebas que faltan, como le pide la fiscal, el magistrado deberá acordar si archiva el caso o si procesa a alguien. Por ejemplo, así se encuentra la investigación de la supuesta caja b del PP de Madrid, según acordó esta misma semana la Audiencia Nacional.
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