Por Teodoro Lavín León
Al parecer, va en serio lo de la lucha contra la corrupción, ya que Margarita González Saravia pidió a la ciudadanía denunciar cualquier abuso o acto de corrupción de servidores públicos, y advirtió que se procederá en contra de cualquier servidor público que incurra en cualquier acto irregular.
La mandataria estatal pidió a la ciudadanía denunciar cualquier acto de corrupción en las áreas de la administración pública estatal. “Quiero tengan la confianza para hacernos saber y tomar cartas en el asunto para mejorar este gobierno cada día más”, dijo la titular del Ejecutivo, ahora sólo falta saber cómo hacerlo para que no se convierta en una inútil serie de denuncias sin sustento.
Obtiene la Fiscalía General del Estado del TSJ órdenes de aprehensión, las cuales implicaron trabajo conjunto para que se llevaran de manera simultánea, en fecha actual cuatro operativos interinstitucionales encabezados por mandos y elementos de AIC de FGE Morelos, en coordinación con Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Secretaría de Marina, para cumplimentar ocho Órdenes de Aprehensión en contra de cinco elementos masculinos y dos femeninos de SSPC y un hombre más en Funciones Policiales en el Municipio de Zapata; estas carpetas forman parte de una carpeta de investigación contra la CES en la administración estatal anterior, relacionadas con el delito grave de Desaparición Forzada.
Con estas acciones, el Gobierno del Estado, que encabeza la Gobernadora Margarita González Saravia, reafirman su compromiso con la legalidad y justicia.
La armonización de la reforma judicial debe ser paulatina en Morelos, para que el proceso se realice democráticamente y haya resultados positivos; además, la entidad no está preparada para tener la operación y, principalmente, gastar más de dos mil millones de pesos para la elección de jueces y magistrados. Es un tema complicado que debe ser atendido de manera pronta por los diputados locales, y evitar así que se cometan más errores en agravio de quienes vivimos en Morelos.
La gobernadora Margarita González Saravia envió hace unos días la iniciativa de la reforma al Poder Judicial en Morelos, que desde hace un año “nació” de la imaginación del entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y que ya en la federación se echó andar el cabildeo para su aprobación, a pesar de las múltiples manifestaciones en su contra.
Sin embargo, en estos momentos de transformación en el país debemos dar el “beneficio de la duda” y recordar de qué trata esta reforma, ya que, como todo, traerá pros y contras para los actores e involucrados. La Reforma al Poder Judicial en México establece una nueva integración de la SCJN y elección popular de ministros.
La reciente propuesta de reforma al poder judicial de la federación en México ha generado un amplio debate en torno a la transformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la implementación de la elección popular de ministros, magistrados y jueces. Esta iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, plantea cambios sustanciales en la estructura y funcionamiento del máximo tribunal del país, así como en la forma en que se elige a los encargados de impartir justicia, lo que comprende:
Reducción de Ministros y Modificación de su Periodo.
Uno de los puntos centrales de la reforma es la reducción del número de ministros de la SCJN, de 11 a 9 integrantes. Esta medida, según sus promotores, busca agilizar la toma de decisiones y hacer más eficiente el funcionamiento del tribunal. Asimismo, se propone reducir el periodo de encargo de los ministros de 15 a 12 años, lo que implica una menor permanencia en el cargo y una mayor rotación de sus integrantes.
Adiós a las Salas y a la Pensión Vitalicia.
La reforma también plantea la eliminación de las dos salas que actualmente conforman la SCJN, lo que implicaría que todos los asuntos sean resueltos por el pleno del tribunal. Además, se propone eliminar la pensión vitalicia (haber de retiro) para los ministros, tanto actuales como futuros, lo que generaría un ahorro significativo para el erario público.
Elección Popular de Ministros, Magistrados y Jueces.
Una de las propuestas más novedosas y polémicas de la reforma es la elección por voto popular de los ministros de la SCJN, así como de los magistrados y jueces del Poder Judicial. Esta medida, según sus defensores, busca fortalecer la legitimidad democrática de los impartidores de justicia y garantizar su independencia. Sin embargo, sus detractores advierten sobre los riesgos de politización y manipulación que podrían derivarse de este proceso electoral.
Candidaturas y Proceso Electoral.
La reforma establece que las candidaturas para ministros de la SCJN, magistrados del Tribunal Electoral y magistrados del Tribunal de Disciplina serán propuestos por los tres Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), en un número determinado y con criterios de paridad de género. El proceso electoral estaría a cargo del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), y se llevaría a cabo en elecciones ordinarias a partir del año 2025.
Nuevas Reglas Procesales y Órganos de Control.
Además de los cambios en la integración y elección de los ministros, la reforma propone nuevas reglas procesales para agilizar la justicia y establecer plazos máximos para la resolución de asuntos. También se plantea la creación de nuevos órganos de control, como el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, encargados de investigar y sancionar conductas irregulares por parte de los miembros del Poder Judicial.
Debate y Perspectivas. La reforma judicial propuesta ha generado un intenso debate en México, con opiniones divididas entre quienes la consideran necesaria para fortalecer la independencia y eficiencia del Poder Judicial, y quienes advierten sobre los riesgos de politización y debilitamiento de la justicia. Más allá de las diferentes posturas, es evidente que esta iniciativa plantea cambios profundos en el sistema judicial mexicano y tendrá un impacto significativo en el futuro de la impartición de justicia en el país.
La reforma contempla replicar el mismo modelo en los 32 estados de la República Mexicana.
En tanto, en el estado de Morelos, las voces no se hicieron esperar, de inmediato la bancada de Acción Nacional, en opinión de Daniel Martínez Terrazas, atinó argumentando que la entidad tiene otras prioridades como la seguridad pública, y que sería erróneo invertir el dinero, toda vez que para la organización y ejecución de un proceso electoral para elegir jueces y magistrados se requieren más de dos mil millones de pesos, poniendo en riesgo las finanzas públicas.
