El Instituto Nacional Electoral (INE) ha reportado la recepción de 29 quejas vinculadas a la distribución de “acordeones” utilizados para influir en el voto durante la reciente elección judicial del 1 de junio. Además, se han presentado 77 solicitudes de deslinde por parte de candidatos implicados.
En un encuentro con la prensa, donde estuvo presente la Consejera Rita Bell, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, el Director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, Hugo Patlán, compartió que 25 de las denuncias se asocian directamente con la distribución física de estos “acordeones,” mientras que cuatro se refieren a dominios de páginas web. A pesar de que tres de estas páginas han sido eliminadas, “poderj4t.org” sigue funcionando. Las autoridades han impuesto medidas cautelares y continuarán la investigación para identificar a los responsables.
Las 77 candidaturas que se deslindaron han comparecido ante el INE, lo que ha resultado en la notificación a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE y a la Fiscalía en Materia de Delitos Electorales (FISEL).
La consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, mencionó que, a pesar de los esfuerzos para prevenir el uso de “acordeones” durante la jornada electoral, han surgido denuncias en redes sociales que indican su uso. El INE está recopilando esta información para proceder con las investigaciones correspondientes.
Asimismo, el INE ha recibido un total de 243 quejas por actuaciones irregulares en el proceso electoral del Poder Judicial. Estas quejas abarcan posibles violaciones a los principios de neutralidad e imparcialidad, así como incidentes de violencia política contra mujeres, irregularidades en la contratación de tiempo en medios de comunicación, actos anticipados de campaña y la difusión de encuestas, entre otros.
Estas inquietudes no solo involucran a candidatos y candidatas, sino que también extienden su alcance a partidos políticos, servidores públicos y medios de comunicación, reflejando un ambiente electoral complejo y lleno de desafíos. La situación requiere de un seguimiento puntual para asegurar la integridad del proceso democrático.
La información se recopila en un contexto donde la transparencia y la legalidad en las elecciones son esenciales, y el INE se compromete a investigar y actuar ante cualquier irregularidad que pueda comprometer estas garantías.
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