La Policía Civil desplegó el jueves 6 de mayo una amplia operación policial contra el tráfico de drogas en la favela de Jacarezinho de Río de Janeiro. Los policías fueron agredidos con disparos, que resulto en la muerte de un agente. La inmersión, que duró más de seis horas, terminó con la muerte de 28 personas, lo que la convierte en la operación policial más sangrienta de la historia de Río de Janeiro, una ciudad y un Estado que destacan hace años en las estadísticas brasileñas por la letalidad de sus fuerzas de seguridad. Pero es un problema extendido. Los datos son elocuentes. En Brasil, uno de los países más violentos del mundo, los cuerpos policiales son responsables de una parte significativa de las muertes violentas. De los 47.000 asesinados en 2019, el 13% murieron durante una intervención policial.
Una operación antidrogas que finalizó con semejante cifra de víctimas supone un fracaso operativo para cualquier cuerpo de policía. Resulta lamentable que el presidente, Jair Bolsonaro, de extrema derecha, felicitara a los responsables del operativo, en línea con su intolerable discurso de normalización de la muerte de sospechosos a manos de las fuerzas de seguridad. Uno de los fundamentos del Estado de derecho es que todo acusado tiene derecho a la presunción de inocencia y a un juicio justo.
La escasa presencia del Estado en favelas como Jacarezinho ha allanado el camino para que el poder del crimen organizado adquiera las proporciones actuales, con amplios territorios donde grupos que trafican con drogas o paramilitares que extorsionan ostentan el control. Barriadas donde viven millones de brasileños atrapados en el fuego cruzado, rehenes de una violencia cotidiana y faltos de servicios esenciales para llevar una vida digna. Combatir al tráfico de drogas es complejo. Necesita trabajo policial, sin duda, pero también implica luchar contra la desigualdad, ofrecer alternativas y oportunidades a los jóvenes. Las 28 muertes de Jacarezinho deben ser investigadas con rigor. Una democracia debe arrojar luz sobre toda sospecha de uso abusivo de la fuerza de los cuerpos policiales. Y, si la hubiera, sancionar.
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