“El papel del primer ministro es tomar las decisiones difíciles”, declaró este viernes Justin Trudeau en Ottawa. Lo hizo frente a una comisión que investiga el uso de la Ley especial de medidas de emergencia para desalojar en febrero a los camioneros antivacunas que sembraron el caos en la capital canadiense. El órgano independiente, presidido por el exjuez Paul Rouleau, busca establecer si estaba justificada la aplicación de dicha ley. El premier canadiense indicó que era necesario hacer algo para preservar la seguridad de sus ciudadanos. “Fue lo correcto. Y lo hicimos”, manifestó.
Varios grupos de camioneros, conocidos como “la caravana de la libertad”, llegaron a finales de enero a Ottawa. Su objetivo era protestar contra la vacunación obligatoria para los choferes que cruzaran la frontera con Estados Unidos, entre otras medidas sanitarias. Los inconformes bloquearon también el puente Ambassador (que une Detroit y Windsor) y otros cruces fronterizos en las provincias de Alberta y Columbia Británica. Las fuerzas del orden despejaron los bloqueos fronterizos y, pocos días después, terminaron con la ocupación de la capital federal tras la invocación de la Ley especial de medidas de emergencia. Más de 170 personas fueron arrestadas durante el operativo. También fueron congeladas centenares de cuentas bancarias, dadas las facultades que otorga dicha legislación, y unos 40 vehículos fueron incautados.
Justin Trudeau dijo en su comparecencia que el panorama se iba agravando, al señalar que varios niños fueron utilizados como escudos humanos, con presencia de armas en algunos bloqueos y “violencia motivada por una ideología”. Por ende, de acuerdo a Trudeau, la alternativa era declarar el estado de emergencias. “Era necesario un plan para evitar el resurgimiento o la aparición de protestas en otros lugares”, sostuvo. “La situación se le iba a ir de las manos a la policía”, agregó. La Ley especial de medidas de emergencia, promulgada en 1988, fue empleada por primera vez el pasado febrero. Justin Trudeau es el primer timonel del Gobierno canadiense en declarar ante una comisión de investigación desde Paul Martin en 2005.
Durante seis semanas de audiencias, la comisión encabezada por Paul Rouleau ha escuchado decenas de testimonios. Al igual que Trudeau, diversos funcionarios y ministros federales defendieron frente al micrófono el uso de la Ley especial. David Vigneault, director del Servicio de Inteligencia de Seguridad Canadiense, comentó este lunes que “las herramientas habituales” no eran suficientes para hacer frente a la situación, por lo que recomendó dar el paso al Gobierno. Por su parte, Chrystia Freeland, ministra de Finanzas y viceprimera ministra, mencionó el jueves los riesgos de las protestas para la economía canadiense, haciendo especial hincapié en los vínculos con los estadounidenses en distintas esferas industriales. “Un ataque a la economía de un país puede socavar severamente la seguridad nacional de ese país”, expresó Freeland.
En sus testimonios frente a la comisión, algunos de los organizadores de las protestas afirmaron que fueron manifestaciones legítimas contra las “malas políticas” del Gobierno federal, y en un marco que no buscaba importunar al resto de la población. La Asociación canadiense de derechos y libertades subrayó, entre otros puntos, que los daños a la economía no eran un “motivo válido” para invocar la ley especial. La comisión presidida por el exjuez Rouleau publicará su informe final el próximo mes de febrero.
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