Las palabras tienen el poder de construir nuestra realidad, legitimando o limitando el uso del poder. Uno de esos términos cruciales es “seguridad nacional”, que no tiene raíces en la legislación o doctrina constitucional de México, sino que surgió en contextos del vecino país del norte, durante su lucha contra el narcotráfico y la izquierda política en América Latina.
Este concepto se utiliza como un manto que justifica el uso del poder público frente a lo que se percibe como una amenaza a la seguridad nacional. Pocas personas se atreverían a cuestionar la necesidad de proteger la seguridad nacional; sin embargo, el engaño radica en que, bajo este pretexto, se pueden ocultar intenciones y acciones que potencialmente limitan libertades individuales y colectivas.
Históricamente, se han perpetrado atrocidades en nombre de causas que se justificaron con la seguridad nacional. Durante la Edad Media, las cruzadas se utilizaron como excusa para atrocidades, como la ejecución de aquellos con creencias diferentes. Durante el absolutismo, se condenaba y perseguía a los republicanos y liberales, que representaban una amenaza para el orden del Estado.
A fines del siglo XX, el comunismo era utilizado como una justificación para investigaciones y condenas arbitrarias, a menudo sin respeto por los derechos procesales. Los eventos del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos llevaron a la flexibilización de garantías constitucionales en nombre de la lucha contra el terrorismo.
Recientemente, en México, se ha presentado una propuesta en el Congreso que podría otorgar a la Secretaría de la Defensa Nacional el control operativo tanto de la seguridad nacional como de la seguridad pública a través de la Guardia Nacional. Surge entonces la pregunta crítica: ¿cómo se diferenciarán las cuestiones de seguridad pública de las de seguridad nacional si ambas son gestionadas por la misma institución?
El desdibujamiento de estos límites es una práctica común en regímenes que adoptan la doctrina de la seguridad nacional, donde cualquier situación puede ser reinterpretada como un riesgo a la seguridad nacional. En este contexto, los jueces podrían haber sido el freno necesario para prevenir abusos y asegurar un equilibrio dentro de la democracia constitucional.
Así, se plantea la inquietud sobre quién establecerá las líneas que dividen la seguridad nacional de la seguridad pública en el futuro, en un escenario donde el uso del poder puede justificarse cada vez más fácilmente bajo la sombra de la seguridad.
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