Pedro Sánchez respondió este sábado a la ofensiva ininterrumpida de la derecha contra la gestión del Gobierno con la contundencia, y la ventaja en términos políticos, que otorga el Boletín Oficial del Estado. El Ejecutivo, que fía su destino en las elecciones generales de finales de 2023 o principios de 2024 a la recuperación económica tras los estragos de la pandemia, aprobará el próximo martes una actualización de las pensiones para 2022. Una medida dotada con 6.500 millones de euros, que favorecerá a los casi 10 millones de jubilados que hay en España. Un sector muy movilizado y atento a la posible pérdida de poder adquisitivo —como les pasó en 2021— que en Castilla y León, donde hay convocadas elecciones el 13 de febrero, supone 600.000 votantes en una comunidad de 2,4 millones de habitantes. “Tenemos que reforzar nuestro Estado del Bienestar y dignificar las pensiones. Los mayores han sufrido con particular crueldad el embate del virus. Tenemos que darles ese reconocimiento de dignidad”, anunció Sánchez en un mitin del PSOE en Asturias. La inflación media fue del 3,1%, la más alta en 10 años, frente a la subida de las pensiones del 2,5%, incluida ya la paguilla de enero.
Sánchez se reivindicó recordando en Gijón, en su segundo acto de la semana fuera de Madrid, algunas de las decisiones más polémicas del Gobierno de Mariano Rajoy, como la reforma laboral de 2012 que solo apoyó la patronal, o el agujero de 35.000 millones que dejó la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el llamado banco malo que asumiría el ladrillo tóxico del rescate a la banca. El PP aseguró entonces que no le costaría un euro a los contribuyentes. “Este Gobierno demuestra con hechos, no solo con palabras, su compromiso con los españoles”, aseveró Sánchez frente a la actitud “negacionista” del PP.
La Moncloa ha diseñado una estrategia que combina la acción legislativa del Ejecutivo con una búsqueda de cercanía con la que confía en responder al desgaste de dos años durísimos por la crisis múltiple (sanitaria, económica, social e institucional) causada por el coronavirus. El Consejo de Ministros de esta semana ya tuvo como prioridad a otro sector de la población con unos problemas muy diferentes a los de los jubilados. El Gobierno aprobó el bono de alquiler para jóvenes de hasta 35 años, que beneficiará a inquilinos de habitaciones de hasta 300 euros, y el Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025, de 1.717 millones. Un millón y medio de personas de entre 16 y 34 años —equivalente al 15% de este grupo de edad— sufren exclusión social severa tras encadenar la Gran Recesión de 2008 con el Gran Confinamiento.
Las fuentes gubernamentales consultadas resaltan que las medidas que se puedan aprobar no se reconocerán en las urnas si no van acompañadas de empatía. Eso explicaría el acto sobre vivienda que Sánchez mantuvo el miércoles en Alicante, en el que trasladó su preocupación por adelantar la edad de emancipación de los jóvenes —el 85% de los menores de 30 años sigue residiendo en el domicilio familiar— y que la vivienda sea un “derecho real” y no un problema para los jóvenes. El Gobierno aguarda un informe del Poder Judicial, que se espera crítico pero que no es vinculante, para retomar la Ley de Vivienda.
La reforma laboral, acordada con la patronal y los sindicatos, fue otro motivo de críticas al PP, pese a que tampoco cuenta con los apoyos necesarios de aliados del Gobierno como ERC y el PNV. “Es evidente que no es la reforma laboral que habría hecho el PSOE o el Gobierno en solitario, ni tampoco la patronal o los sindicatos. Pero esa es su virtud: que es un acuerdo”, defendió Sánchez. “Ya tuvimos en la década de 2010 suficientes contrarreformas del PP sin consenso, con huelgas generales, más brecha social y ruptura del diálogo social”, resaltó, dentro de las presiones que se suceden para convencer a los socios del Ejecutivo. Los nacionalistas promueven la prevalencia de los convenios autonómicos frente a los estatales. La CEOE rechaza modificar “una sola coma” de la reforma.
“El PP bloquea el crecimiento económico”
El presidente del Gobierno acusó al PP de “bloquear el crecimiento y la creación de empleo” por sus críticas al sistema de reparto de los fondos europeos. El principal partido de la oposición los ha llegado a vincular con potenciales casos de corrupción pese a que cuatro de las seis comunidades más beneficiadas están gobernadas por el partido de Pablo Casado. “Los que pusieron en duda el ritmo de vacunación, que llegaríamos al 70% de la población con la doble pauta [en verano] ponen hoy en duda los fondos europeos. Les pido, les imploro, que no pongan en cuestión los fondos europeos porque es poner en cuestión que España siga creciendo y creando empleo como estos meses”.
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